La Corte Suprema de Estados Unidos está oficialmente evaluando si acepta un caso presentado por Kim Davis, exfuncionaria del estado de Kentucky, que busca anular el fallo Obergefell v. Hodges de 2015, el cual legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. Este proceso judicial fue iniciado por Davis, quien en 2015 pasó seis días en prisión por negarse a emitir licencias de matrimonio a una pareja homosexual por motivos religiosos. Ahora, la mujer pide que se revise esa decisión y que se proteja su libertad religiosa, argumentando que el fallo es erróneo y contrario a la Constitución.

Davis solicitó que la Corte Suprema escuche su apelación para revertir la sentencia que le obliga a pagar USD $100.000 por daños emocionales y USD $260.000 dólares en honorarios legales a la pareja a la que se negó a atender. La petición fue presentada recientemente y señala que la decisión Obergefell es una “ficción legal” y un error constitucional de gran impacto, que ha generado dificultades para personas como Davis que buscan mantener sus convicciones religiosas sin perjuicio legal.

En la apelación presentada por Mat Staver, abogado de Davis y líder del grupo legal Liberty Counsel, se sostiene que el fallo de 2015 fue “profundamente dañino” y está “fuera de los límites de cualquier interpretación razonable” de la Constitución. Además, se argumenta que esta decisión afecta la libertad religiosa y ha tenido consecuencias negativas en otras leyes antidiscriminatorias. Para Davis y sus defensores, es un momento clave para que la Corte reconsidere el derecho al matrimonio igualitario, que califican como un derecho constitucional sin base.

Si la Suprema Corte decidiera aceptar el caso y anular Obergefell, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo volvería a depender de las legislaciones estatales, como ocurrió con la anulación del caso Roe vs. Wade sobre el aborto en 2022. Esto podría afectar a muchos estados que aún no han legalizado el matrimonio igualitario, aunque se aseguraría que las parejas casadas desde el fallo de 2015 mantengan sus derechos. La apelación de Davis busca precisamente devolver esas decisiones a un nivel estatal y limitar la protección federal actual.

Expertos legales consideran que esta apelación tiene pocas probabilidades de éxito, aunque reconocen que un Tribunal con mayoría conservadora podría ampliar los derechos de objeción religiosa en casos de matrimonio igualitario, sin necesariamente revocar completamente el derecho. El matrimonio entre personas del mismo sexo está bastante arraigado en la vida y opinión pública estadounidense, lo que podría influir en la resistencia a una derogación total del derecho. Mientras tanto, la Corte Suprema, compuesta actualmente por seis jueces conservadores y tres liberales, podría decidir en el próximo mes si acepta el caso para su revisión, y no hay indicios claros sobre su postura hasta ahora.

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