En una decisión polémica, el gobierno de Perú, presidido por Dina Boluarte, publicó un decreto oficial esta semana en el que definió al “transexualismo”, “transvestismo de rol dual” y “trastornos de la identidad de género” como enfermedades mentales, incluyéndolas en el Plan Esencial de Salud. El decreto cuenta con las firmas de Boluarte, el ministro de Economía, José Arista, y el del Salud, César Vázquez Sánchez, y también incluye al “transvestismo fetichista” y a la “orientación sexual egodistónica” como “problemas de salud mental”, por lo que todas las personas que entren en esta clasificación pueden recibir atención médica en centros de salud públicos y privados, según fue establecido en el decreto.

Este mes se cumplirán 34 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminara la homosexualidad como enfermedad y seis años desde que fuera eliminada la transexualidad de la lista de enfermedades mentales, así que como se imaginan, el decreto generó rechazo en toda la sociedad peruana. Por ejemplo, la diputada Susel Paredes, de la alianza opositora de centro izquierda Juntos por el Perú, pidió la derogación del decreto, afirmando que “refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans”, y que urge implementar políticas de salud mental acorde a los estándares internacionales “para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad”.

He pedido al @Minsa_Peru la derogatoria del DS 009-2024-SA que refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans. Urge implementar políticas de salud mental acorde a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad. pic.twitter.com/EYFCJTTcMY

— Susel Paredes (@suselparedes) May 14, 2024

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil, como Más Igualdad Perú, también expresaron su rechazo. “Tardó 28 años en eliminar a las identidades trans de la misma categoría. No retrocedamos un día más”, dijo la organización en redes sociales, al tiempo que anunciaron una recolección de firmas para enviarle una carta al ministro de Salud, César Vásquez, en protesta por la decisión, apoyada por más de 400 profesionales de la salud y 176 organizaciones de derechos humanos. En declaraciones al medio Perú 21, el científico Percy Mayta Tristán, director del área de investigación de la Universidad Científica del Sur, también mostró su alerta por el decreto: “La población trans no tiene acceso al servicio de salud, porque tiene problemas con el Documento Nacional de Identidad (DNI); en teoría, es una forma ‘en buena intención’ de dar acceso. El problema es que usan el CIE-10, que le está diciendo que está enferma; entonces, la comunidad LGBTQI+, la población trans, se opone y dice: ‘¿cómo quieres que me acerque al servicio de salud si ya me están diciendo que estoy enfermo por ser trans?”, declaró.

📰 Esta tarde, presentamos una carta dirigida al @minsa_peru, en la que 414 profesionales de la salud mental, con el respaldo de 176 organizaciones de DDHH donde exigimos revertir la inclusión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10) pic.twitter.com/tkwrBBXGVv

— Más Igualdad Perú (@masigualdadpe) May 14, 2024

Mientras tanto, Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo Lima, también exigió al Ministerio de Salud que modifique el decreto pues se apoya en un conjunto de normas que ya están en desuso. “La norma de por sí está desfasada y más bien deja una puerta abierta a las terapias de conversión, así como al uso de hormonas con fines de corrección de la homosexualidad, terapias que son consideradas una tortura por el derecho internacional”, señaló al diario El Comercio. Ante las críticas, el Ministerio de Salud expresó en un comunicado que reafirmaba “categóricamente el respeto de la dignidad de la persona y su libre accionar en el marco de los derechos humanos, brindando servicios de salud en su beneficio”, y que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos, pero aún así, no hay suspensión de la normativa ni un mea culpa por el error. ¿Y entonces?

En los últimos meses, la presidenta peruana Dina Boluarte se ha visto como protagonista de una serie de investigaciones judiciales que la acusan de supuesto enriquecimiento ilícito y ocultar datos de sus declaraciones juradas. Por ello, su residencia fue allanada hace más de un mes, por sospechas de que posee relojes Rolex que no declaró y que fueron fotografiados en su muñeca en diferentes actos políticos. Cabe mencionar también que en los últimos días su abogado y su hermano están presos tras un allanamiento a sus respectivas viviendas, acusados de participar en una presunta red de tráfico de influencias.

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