Una red de gestación subrogada es acusada de explotar a mujeres vulnerables en Argentina
La fiscalía argentina descubrió recientemente una red de gestación subrogada que explotaba a mujeres pobres y vendía servicios de gestación subrogada a parejas extranjeras. Al parecer, la organización criminal cobraba unos USD $50.000 por los bebés y captaba a mujeres vulnerables, ofreciéndoles USD $10.000 por su participación. A estas mujeres, sin embargo, se les negaban los pagos en caso de aborto espontáneo, recibiendo solo los gastos básicos.
Las autoridades de la nación sudamericana abrieron investigaciones sobre centros de fertilidad y bufetes de abogados vinculados a esta operación, que, según afirman, se aprovechaban de la débil normativa legal al respecto, y la describen como “un aprovechamiento de la inestabilidad económica de Argentina con fines de lucro”. Según un reporte en Perfil, las empresas investigadas hacían publicidad de los servicios en diferentes países. Los anuncios se dirigían a parejas que deseaban tener hijos y no podían llevar adelante un embarazo.
La investigación se inició después de que una mujer alemana llevara a un hospital a un bebé nacido por gestación subrogada en mal estado de salud, lo que destapó la red. Se demostró que una “clienta”, al igual que muchos otros, no había aportado material genético a sus hijos y no tenía vínculo afectivo con las gestantes. Adicionalmente, en ninguno de estos procedimientos intervinieron jueces civiles para autorizar la subrogación ni la filiación, sino escribanos que recabaron supuestos consentimientos contractuales.
El aumento de la maternidad subrogada internacional, alimentado por las lagunas legales de países como Argentina, expone la falta de regulación mundial de esta práctica: países como Tailandia e India ya han tomado medidas para frenar los vientres de alquiler remunerados para extranjeros, pero el sector sigue creciendo, con un valor estimado de USD $17.900 millones en 2023.
A pesar de la preocupación internacional por la explotación que implica, las regulaciones de Argentina siguen siendo poco claras, lo que permite que el país se convierta en un centro de “turismo reproductivo”. Por ahora, la investigación se ha ampliado para incluir al menos otros 49 casos similares.
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