En un desarrollo significativo en el ámbito legal estadounidense, una jueza federal ha ordenado a Elon Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que presenten registros detallados sobre los recortes de gastos gubernamentales que han implementado. Esta decisión surge en el marco de una demanda presentada por 14 fiscales generales estatales demócratas, quienes argumentan que Musk está ejerciendo poderes que solo pueden ser ejercidos por funcionarios confirmados por el Senado, según la Constitución estadounidense.

La jueza Tanya Chutkan, nombrada por el presidente Barack Obama, ha establecido que Musk y el DOGE deben entregar estos documentos para esclarecer el alcance de su autoridad y determinar si sus acciones son inconstitucionales. La demanda cuestiona la legitimidad de Musk al frente del DOGE, ya que no ha sido confirmado por el Senado, un requisito constitucional para ocupar cargos de alta jerarquía en el gobierno federal.

El DOGE, creado por el presidente Donald Trump, ha sido objeto de controversia debido a su estructura opaca y a las medidas drásticas que ha implementado para reducir el gasto público. A pesar de que la Casa Blanca describe a Musk como un “asesor senior” del presidente, lo que le otorgaría cierta protección ejecutiva, la jueza Chutkan ha decidido que la solicitud de documentos no interfiere con esta protección.

La demanda también busca aclarar la estructura interna del DOGE y quién toma las decisiones clave dentro de la organización. Esto incluye la posibilidad de revelar la identidad de los trabajadores del departamento para comprender mejor su funcionamiento. La Casa Blanca ha mantenido que Musk no es un empleado regular del gobierno, lo que le exime de ciertas obligaciones legales, como presentar declaraciones financieras.

Recientemente, se ha descubierto que el DOGE ha proporcionado información errónea sobre los ahorros generados por sus recortes. Medios como The New York Times han reportado errores significativos en los cálculos del departamento, incluyendo confusiones entre millones y billones, y el conteo múltiple de ahorros de un mismo contrato. Además, DOGE ha dejado de publicar detalles sobre los recortes, dificultando su verificación por parte del público.

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