Una jueza lesbiana bloquea oficialmente la prohibición de Trump a los militares transgénero
La jueza Ana Reyes, la primera persona abiertamente LGBTQI+ en ocupar un tribunal de distrito en Washington DC, emitió una orden judicial que suspende temporalmente la prohibición de Donald Trump contra el servicio militar de personas transgénero. La medida, firmada días después de que Trump regresara a su segundo período en la Casa Blanca, argumentaba que las identidades transgénero “entran en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado”.
Reyes señaló que la política del secretario de Defensa Pete Hegseth, que descalificaría a personas trans y con disforia de género, probablemente viola derechos constitucionales. Destacó la “ironía cruel” de que miles de militares transgénero han arriesgado sus vidas para defender derechos que la prohibición busca negar. La jueza calificó la medida de “insultante” y recordó que el sistema judicial debe equilibrar el poder ejecutivo.
La orden preliminar evita despidos inmediatos de personal transgénero mientras el caso se resuelve en tribunales. Nicolas Talbott, teniente de la reserva y demandante, expresó alivio tras la medida: “Esto es todo lo que siempre he querido hacer. Tenía miedo de perderlo”. Otros militares transgénero habían reportado una “desilusión” ante la orden, que según ellos “rompe la confianza” y promueve exclusión.
La decisión de Reyes se alinea con su historial de críticas a órdenes ejecutivas anti-LGBTQI+ de Trump. Aunque enfrentó acusaciones de “mala conducta” previamente, su fallo enfatiza que cada rama del gobierno debe supervisar las demás. Jennifer Levi, abogada de GLAD Law, destacó que los hallazgos del tribunal “exponen cómo esta prohibición ataca a valientes miembros del servicio”.
Una encuesta de febrero reveló que el 58% de los estadounidenses apoya a militares transgénero. El caso refleja tensiones entre políticas federales y derechos civiles, con implicaciones para la inclusión en instituciones públicas. La resolución final dependerá de apelaciones, pero la medida actual protege temporalmente a quienes ya sirven en las fuerzas armadas.
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