Un tribunal de Uganda indemniza con 40.000 dólares a hombres arrestados y torturados por “presunta homosexualidad”
Un tribunal en Uganda otorgó recientemente más de USD $$40,000 a 20 hombres que fueron torturados por la policía tras su arresto en 2020 bajo acusaciones de homosexualidad. La sentencia del Tribunal Superior de Uganda detalla que los hombres fueron arrestados el 29 de marzo de 2020 en Nkokonjeru, donde sufrieron torturas severas, incluyendo golpizas, quemaduras con leña caliente y exámenes anales, todo basado en la sospecha de que eran homosexuales. El incidente ocurrió poco después de que el gobierno ugandés impusiera un confinamiento debido a la pandemia de COVID-19.
Los hombres fueron arrestados bajo la sospecha de homosexualidad y llevados a la estación de policía de Nkokonjeru, donde se les acusó de realizar un “acto negligente que podría propagar una enfermedad”. El fallo menciona que, tras ser encarcelados el 31 de marzo de 2020, continuaron enfrentando abusos, incluyendo golpizas y discriminación.
A pesar de que las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo siguen siendo criminalizadas en Uganda, este fallo representa un paso significativo en la lucha contra la impunidad por abusos policiales, una práctica generalizada en la nación africana.
La situación legal para la comunidad LGBTQI+ en Uganda se ha vuelto más severa desde la promulgación en 2023 de la Ley Anti-Homosexualidad, que incluye penas de muerte para casos considerados “homosexualidad agravada”. Esta legislación ha sido objeto de críticas y desafíos por parte de activistas por los derechos humanos. Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, describió el fallo del 22 de noviembre como una “victoria significativa” para la comunidad LGBTQI+.
La decisión llega tras una creciente presión sobre los derechos humanos en el país, donde las autoridades han sido acusadas repetidamente de violaciones sistemáticas. La Comisión de Derechos Humanos de Uganda ha instado al gobierno a despenalizar la homosexualidad y ha destacado que criminalizar tales actos resulta en castigos desproporcionados para grupos vulnerables. En este marco, el fallo judicial se presenta como un rayo de esperanza para aquellos que han sufrido abusos.
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