Las fuerzas de seguridad rusas allanaron este fin de semana clubes y bares gay en todo Moscú poco después de un fallo del tribunal superior del país que designó al movimiento LGBTQI+ como “extremista”. Agentes de policía registraron lugares en toda la capital rusa el viernes por la noche, incluido un club nocturno, un sauna masculino y un bar que albergaba fiestas LGBTQI+, con el pretexto de una “redada antidrogas”, según medios locales.

Los testigos dijeron a los periodistas que los servicios de seguridad comprobaron y fotografiaron los documentos de los asistentes al club. También dijeron que los gerentes habían podido advertir a los clientes antes de que llegara la policía. Algunos medios alternativos rusos como Ostorozhno Novosti, en Telegram, también publicaron un video de un testigo que describe una escena aterradora: “Yo estaba allí. Honestamente, me cagué cuando la música paró y dijeron que había una redada policial. Pensé que eso era todo, que me encarcelarían durante 12 años. Al salir me tomaron una foto de mi pasaporte (DNI). Entonces, ya sabes, 300 de nosotros nos quedamos desnudos, solo en ropa interior, esperando a que alguien nos trajera ropa, y nadie entendió lo que estaba pasando”. El canal de noticias independiente Sota Telegram, citando a un empleado del club gay Central Station en Moscú, informó que las redadas ocurrieron en el Secret Club y el Mono Bar en Moscú, así como en la popular fiesta emergente Hunters Party. Sota también informó que el Central Station Club en San Petersburgo anunció su cierre el viernes, diciendo que la gerencia del club dijo que se les negó el alquiler adicional del sitio debido a la “nueva ley”.

Las redadas se produjeron menos de 48 horas después de que la Corte Suprema de Rusia dictaminara que “el movimiento público LGBT internacional y sus subdivisiones” ahora se consideran extremistas y enfrentan una prohibición de sus actividades. Los activistas han dicho que la definición amplia y vaga del tribunal superior significa que las autoridades podrían potencialmente tomar medidas enérgicas contra cualquier individuo o grupo que se considere parte del movimiento y que el fallo podría indicar una prohibición efectiva de toda actividad organizada a favor de los derechos LGBTQI+.

Durante una década de represión contra los derechos LGBTQI+ bajo su gobierno, el presidente ruso Vladimir Putin ha enfatizado repetidamente los “valores familiares tradicionales”, y el fallo judicial fue el paso más drástico hasta el momento con ramificaciones de amplio alcance y aún desconocidas. En medio de la retórica del Kremlin sobre hacer frente a una influencia occidental “degradante”, los políticos prohibieron en junio la intervención médica y los procedimientos administrativos para la reasignación de género, prohibiendo la práctica y el cambio de género en documentos oficiales y registros públicos. Además, en noviembre pasado, los parlamentarios aprobaron un proyecto de ley que prohíbe todas las formas de “propaganda” LGBTQI+ con consecuencias de gran alcance para la publicación de libros y la distribución de películas, entre otras cosas.

Antes del último fallo del jueves, grupos de derechos humanos rusos habían presentado un documento ante la Corte Suprema que calificaba la demanda del Ministerio de Justicia que condujo al fallo como discriminatoria y una violación de la constitución. Varios activistas LGBTQI+ fueron rechazados en sus intentos de convertirse en partes formales en el caso. La audiencia ante el Tribunal Supremo se desarrolló a puerta cerrada y sin la presencia de ninguna defensa, y sólo se permitió la entrada a los periodistas para escuchar la decisión. Aún así, las autoridades rusas han rechazado las acusaciones de que discriminan a las personas LGBTQI+. El viceministro de Justicia, Andrei Loginov, fue citado por los medios locales a principios de este mes diciendo que “los derechos de las personas LGBT en Rusia están protegidos” por la ley.

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