De acuerdo con reportes, Rusia está desarrollando un registro electrónico para rastrear y monitorear a ciudadanos LGBTQI+, una medida que ha generado una amplia condena por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores en todo el mundo. Según los informes, el registro es parte de una represión más amplia contra los derechos LGBTQI+ en el país, que ha experimentado una escalada significativa en los últimos años. 

Al parecer, el sistema está diseñado para recolectar y almacenar datos personales, incluyendo información sobre la orientación sexual e identidad de género de las personas, lo que genera serias preocupaciones sobre la privacidad y el potencial de discriminación patrocinada por el Estado. Este desarrollo se alinea con la postura cada vez más hostil de Rusia hacia las personas LGBTQI+, que ha sido codificada en leyes como la prohibición de 2013 a la llamada “propaganda gay”. Los críticos argumentan que el registro podría utilizarse para marginar y perseguir aún más a las personas LGBTQI+, exacerbando una situación de derechos humanos ya de por sí grave en el país.

La creación de dicho registro fue confirmada por Dmitry Chukreyev, funcionario de la Cámara Cívica de Ekaterimburgo, la cuarta ciudad más grande de Rusia. Afirmó que la policía ha estado llevando listas informales de personas LGBTQI+ desde que se anunció la sentencia del Tribunal Supremo. Al parecer, las redadas en locales LGBTQI+ han servido de punto de partida para estos registros, pues n empleado de un establecimiento queer siberiano declaró que las fuerzas de seguridad “copiaron toda la base de datos del ordenador donde llevamos el control de las reservas”, obteniendo información sobre cientos de clientes, y además, durante una redada en el club Eden de Cheliábinsk se recogieron huellas dactilares y muestras bucales de los visitantes, y los empleados y clientes del club Pose de Oremburgo fueron obligados a declarar ante las cámaras su dirección de residencia registrada.

La decisión generó fuertes críticas por parte de grupos internacionales de derechos humanos, quienes advierten que podría conducir a un aumento del acoso, la violencia y la discriminación contra la comunidad. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han condenado la medida, calificándola como una violación de los derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a la privacidad y la libertad frente a la discriminación. 

Los funcionarios afirman que la base de datos ayudará a monitorear y controlar lo que describen como la propagación de “relaciones sexuales no tradicionales” entre los menores. Los activistas temen que la base de datos pueda utilizarse para “sacar del armario” a las personas sin su consentimiento, poniéndolas en riesgo de violencia, discriminación y ostracismo social.

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