Esta semana, la Corte Suprema de Rusia prohibió de manera efectiva el activismo LGBTQ+, el paso más drástico contra los defensores de los derechos de gays, lesbianas y transgénero en un país cada vez más conservador. En respuesta a una demanda presentada por el Ministerio de Justicia, el tribunal calificó lo que la demanda llamaba el “movimiento” LGBTQI+ que opera en Rusia como “una organización extremista”. El fallo es el último paso en una década de represión contra los derechos LGBTQI+ en Rusia bajo el presidente Vladimir Putin, quien ha enfatizado los “valores familiares tradicionales” durante sus 24 años en el poder.

La audiencia a puertas cerradas del jueves duró cuatro horas. No se permitió la entrada a nadie excepto a los representantes del Ministerio de Justicia y no había ningún acusado. El caso fue clasificado y el ministerio no reveló ninguna evidencia, y se limitó a decir que las autoridades habían identificado “signos y manifestaciones de naturaleza extremista” en el movimiento que busca prohibir, incluida “incitación a la discordia social y religiosa”. La sentencia entra en vigor de inmediato.

Grupos de defensa LGBTQI+ y defensores de los derechos humanos condenaron el fallo, calificándolo de una expansión de la cruzada de 10 años de Putin contra los rusos queer y trans que servirá como pretexto para la violencia y el encarcelamiento. “La medida de las autoridades aparentemente tiene un doble propósito”, dijo Tanya Lokshina, directora adjunta para Europa y Asia Central de Human Rights Watch (HRW), en un comunicado publicado el jueves. “Su objetivo es aumentar el uso de chivos expiatorios contra las personas LGBT para atraer a los partidarios conservadores del Kremlin antes de la votación presidencial de marzo de 2024 y paralizar el trabajo de los grupos de derechos humanos que luchan contra la discriminación y apoyan a las personas LGBT”. Básicamente, es una medida para “borrar” la existencia de personas queer en Rusia.

Por su parte, Max Olenichev, un abogado de derechos humanos que trabaja con comunidades LGBTQI+ rusas, estuvo de acuerdo. “A pesar de que el Ministerio de Justicia exige etiquetar a una organización inexistente como extremista”, dijo a AP, “en la práctica podría suceder que las autoridades rusas, con este fallo judicial a la mano, lo apliquen contra las iniciativas LGBTQI+ que funcionan en Rusia, considerándolas parte de este movimiento cívico”. Como señaló la declaración de HRW, las sanciones legales rusas por participar en el “extremismo” son en sí mismas extraordinarias, en el peor sentido. Cualquiera que sea descubierto participando o apoyando financieramente a grupos “extremistas” puede recibir sentencias de hasta 12 años de prisión. Mostrar “parafernalia o símbolos” de esos grupos, incluida iconografía LGBTQI+ común, como banderas del Orgullo, conlleva una sentencia de cárcel de 15 días por una primera infracción, pero cuatro años por reincidencia, así como multas de entre 1.000 y 100.000 rublos (aproximadamente entre USD $10 y USD $1.100).

Para los rusos LGBTQI+, el fallo es doloroso, pero no inesperado: En 2013, un año después de que Putin reasumiera la presidencia, los legisladores rusos aprobaron una ley “con el propósito de proteger a los niños de información que propugna la negación de los valores familiares tradicionales”, comúnmente conocida como la prohibición de la “propaganda gay” de Putin. Desde entonces, la ley ha sido modificada varias veces: al principio prohibió la distribución de “propaganda” LGBTQI+ a menores (o cualquier cosa que “genere interés en” identidades queer). Pero a partir de una enmienda de 2022, la ley ahora prohíbe la distribución de todo ese material para cualquier edad, incluida “información que pueda hacer que los niños quieran cambiar de sexo”, lo que en última instancia equivale a una prohibición del apoyo a los jóvenes trans. A principios de este año, los funcionarios también aprobaron una prohibición general de la mayoría de los cuidados que afirman el género.

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