Donald Trump regresará a la Casa Blanca tras vencer a Kamala Harris en las elecciones, convirtiéndose en la persona de mayor edad en ocupar el Despacho Oval. A pesar de estar en libertad bajo fianza en varias jurisdicciones penales y enfrentarse a importantes sanciones por agresión sexual y fraude, su victoria refleja el apoyo de sus seguidores, quienes le otorgaron más de 71 millones de votos. Trump también se enfrenta a un juicio inminente por delitos relacionados con su campaña de 2016, controversias que parecen fortalecer su atractivo entre su base de votantes.

Trump está a punto de asumir nuevamente como comandante en jefe, a pesar de tener antecedentes legales que le impedirían servir en el ejército como soldado. Como presidente, podría beneficiarse de la inmunidad y otorgarse indultos, despedir fiscales, y contar con el respaldo de un Tribunal Supremo dominado por sus aliados. Durante su campaña, Trump recurrió a la retórica antiinmigrante y a atacar a la comunidad transgénero, destinando casi un tercio de sus fondos de campaña para anuncios dirigidos contra personas trans, destacando su oposición a políticas de inclusión promovidas por su rival, Kamala Harris.

Los anuncios de la campaña de Trump intensificaron la retórica contra personas trans y queer, consolidando la idea de un enemigo común y apuntando a revertir el avance de los derechos LGBTQI+. Durante su campaña, prometió medidas agresivas contra los derechos LGBTQI+, con un enfoque en jóvenes trans. Sus planes incluyen la eliminación de programas federales que promuevan la transición de género, sanciones a hospitales que brinden atención de afirmación de género y restricciones legales que negarían el reconocimiento de personas trans en los registros del gobierno.

Trump ha prometido revertir protecciones contra la discriminación LGBTQI+ en áreas clave como vivienda, sanidad, empleo y educación. Propone nuevas credenciales para educadores que promuevan valores de “familia nuclear” y el “matrimonio tradicional”. Además, el Proyecto 2025, respaldado por sus aliados, plantea sustituir políticas pro-LGBTQI+ con aquellas que favorezcan modelos de familias heterosexuales y nucleares. Este manifiesto también aboga por que agencias de adopción, trabajadores de la salud y contratistas religiosos puedan negar servicios a personas LGBTQI+ según definiciones “bíblicas” del matrimonio.

La comunidad queer en EE.UU. se enfrenta de ahora en adelante a políticas que promueven el cristofascismo, con restricciones a su libertad y derechos civiles. Mudarse a estados demócratas o emigrar no siempre es una opción para las personas LGBTQI+, especialmente aquellas sin los recursos necesarios o atrapadas en entornos familiares conservadores. Esta realidad podría ser replicada en otros países, afectando a la población queer a nivel global. Solo queda esperar a que la sociedad civil estadounidense cuente con la fuerza y los recursos para defender las libertades de las personas LGBTQI+ garantizadas por la Constitución.

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