La reciente victoria electoral de la extrema derecha en Chile, encabezada por José Antonio Kast, quien obtuvo aproximadamente 58 % de los votos, ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad LGBTIQ+, que observan con inquietud la consolidación de un proyecto político históricamente conservador y contrario a la ampliación de derechos civiles. El resultado marca un cambio relevante en el escenario político chileno y reabre el debate sobre la protección de los avances logrados en diversidad y no discriminación.

Uno de los principales focos de preocupación es el matrimonio igualitario, vigente en Chile desde 2021 y considerado un hito en el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. Aunque Kast ha declarado que “respetará las leyes vigentes” (Chilevisión, 2021), incluyendo el matrimonio igualitario, activistas señalan que su oposición ideológica y su visión tradicional de la familia generan incertidumbre sobre la implementación y futuras ampliaciones de derechos.

En declaraciones anteriores de 2017, Kast se ha mostrado claramente en contra del matrimonio igualitario y la adopción homoparental, afirmando que: “Dos hombres no pueden procrear”. (El Dínamo, 2017)

La inquietud se sustenta también en la Ley Zamudio, promulgada en 2012, que establece mecanismos para prevenir y sancionar la discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza o religión. Esta ley, junto con el matrimonio igualitario, simboliza los avances en igualdad y protección de la diversidad que sectores conservadores podrían cuestionar o intentar limitar. Según activistas de Movilh en 2025, “la victoria de Kast y la extrema derecha nos obliga a estar alerta y movilizados para proteger los derechos ya conquistados”. (Movilh, 2025)

Organizaciones de la diversidad sexual también alertan sobre posibles impactos en otras áreas sensibles, como la educación sexual integral y los mecanismos de protección frente a la discriminación. El temor central no es únicamente la derogación de leyes existentes, sino un clima político y social que normalice retrocesos simbólicos y restricciones indirectas.

En este contexto, la comunidad LGBTIQ+ enfrenta un escenario de vigilancia activa y movilización, consciente de que los derechos conquistados, como el matrimonio igualitario y la Ley Zamudio, requieren una protección constante. Ante este escenario, organizaciones como Movilh y Fundación Iguales ya han levantado alertas públicas. El desafío será fortalecer la institucionalidad democrática y el respaldo social a la igualdad, en un momento en que el mapa político chileno muestra señales claras de reconfiguración.

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