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Perspectives

¿Por qué los hombres que no saben de biología femenina y grupos religiosos tienen poder sobre las leyes anti-aborto?

El camino al aborto legal es todavía problemático en muchos rincones de Latinoamérica. Fotografía: JóvenesREDLAC
Words mor.bo

En los últimos años, el acceso al aborto libre ha sido una de las luchas más importantes para las mujeres: hace pocos años, Chile finalmente aprobó la ley que lo permite en tres causales luego de décadas de una imposición hecha en la época de Pinochet; el año pasado, Irlanda se sumó a la iniciativa luego de restricciones basadas en lo religioso; y Argentina continúa en pie de lucha luego de que la ley fuese aprobada por su cámara de diputados, pero finalmente rechazada por el senado.

El aborto siempre ha sido un tema polémico y álgido, uno que desata pasiones pero que en el fondo descubre una realidad tangible y peligrosa: el deseo de estados y poderes públicos de legislar sobre el cuerpo de las mujeres y sus decisiones propias, algo que se hace insidioso cuando nos damos cuenta de que quienes finalmente crean estas leyes tienden a ser hombres, el género que suele dominar las políticas públicas alrededor del mundo.

Eso sin hablar de la influencia de religiones como la católica y cristiana, quienes tienen representación en muchas instituciones estatales, y quienes ejercen una fuerte influencia a la hora de hacer lobby en contra de leyes a favor del aborto legal, algo que sucede en muchos puntos de Latinoamérica, en donde la línea entre Iglesia y Estado a veces sigue siendo incómodamente borrosa.

Esta misma semana, los cinco magistrados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desecharon la discusión de la despenalización del aborto en México tras una propuesta de reforma de ley en Veracruz. Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se opusieron frente al único voto a favor, por parte del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. ¿Sus razones? Más o menos técnicas. Durante su votación, Piña Hernández consideró que la Constitución mexicana obligue a los congresos a legislar en materia de aborto, así que para ella, no había una omisión legislativa al respecto. “No existe un mandato específico de legislativo de legislar en ese sentido (…) la Corte incurriría en el llamado activismo judicial, que desbordaría mucho las facultades constitucionales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El resto de los magistrados siguieron la misma línea, a ecepción del promotor del cambio, González Alcántara, quien explicó que “sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo”, recordando que en la Corte tienen la obligación de reformar las normas que sean discriminatorias o propicien la violencia en contra de las mujeres. “La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria a la protección que corresponde a todas las mujeres”. Aún así, fue el único que votó a favor.

Las reacciones de las activistas fue intensa: las redes sociales se llenaron de hashtags como #AbortoLegalYA, en donde miles de mujeres a lo largo y ancho del territorio mexicano dejaban saber su descontento con la medida. Una de ellas fue Mónica Larissa Bautista, quien dijo que dijo que un fallo favorable de la SCJN en torno a la despenalización del aborto en Veracruz, “sería un gran paso porque eso nos ayudaría mucho a promover más la idea que tenemos a otros estados, básicamente a todo el país”. Consideró injusto el hecho de que “cuatro personas decidieron algo que podría cambiar el futuro de muchos de los estados de la República y de muchas mujeres; es una decisión que se tomó en base a creencias personales, pero es muy injusto porque están dejando de lado nuestras realidades, lo que vivimos las mujeres día a día”.

La activista dijo incluso que los cuatro ministros que votaron a favor de desechar el proyecto “cargarán con la sangre de muchas mujeres”, pues se les negó el derecho a acceder a un aborto seguro en caso de requerirlo. Refirió que “la despenalización del aborto no significa que incrementen los casos de aborto, al contrario, en muchos de los casos ha disminuido”, y aclaró que “no porque esté penalizado significa que van a dejarse de realizar este tipo de abortos inducidos, se van a seguir practicando en Veracruz, en México, en el mundo”. Aun así fue posible ver en las afueras de la SCJN protestas de grupos pro-vida con cientos de pequeños ataúdes, rosarios, rezando con las manos al cielo o con pequeños frascos de agua con fetos adentro el “derecho de vivir” de las madres y los bebés.

La fuerte influencia de grupos religiosos en cuanto a este tipo de decisiones legales no es extraño: Paraguay, que cuenta con una de las leyes más draconianas en cuanto al aborto, este es ilegal en todo caso, salvo en caso de riesgo vital para la mujer, y cualquier persona que realiza un aborto puede ser condenada a prisión de 15 a 30 meses. El lobby católico es una de las fuerzas más poderosas en la política del país, por lo que hasta hoy en día no se han hecho cambios a esta legislación extrema.

Sin embargo, esto no quiere decir que no existan abortos en el país: al contrario. Los abortos clandestinos están a la orden del día, y un reporte publicado el año pasado señala que al menos hubo 32.000 de estos procedimientos inducidos bajo el manto de la ilegalidad, convirtiéndose en una de las primeras causas de muertes maternas.

En otros países como Colombia, algunos legisladores buscan “darle la vuelta al problema”, asumiendo que muchas mujeres recurren al aborto por falta de recursos económicos — incluso en el caso de una violación. Esta semana, el senador Jhon Milton Rodríguez propuso darles un subsidio a las mujeres violadas, durante un año o más, para que no aborten.

“Nos une una misma convicción, que es la defensa de la vida en Colombia desde la concepción hasta la muerte natural”, dijo Rodríguez, ignorando obviamente el trauma y la revictimización de las mujeres que den a luz los hijos provenientes de una violación. En su defensa, el congresista dijo que no se trata de un “subsidio a la violación”, pues es más que eso: “[la mujer dice] ‘fui violada’ y le pido al Estado que me acompañe en mi restitución de derechos”, sostiene.

Si les suena absoutamente estúpido, esperen a saber las cosas que dicen los legisladores estadounidenses.

La ignorancia de la biología a cargo de la ley

El año pasado, 25 hombres (blancos y Republicanos) aprobaron por mayoría una de las leyes anti aborto más extremas del último siglo: comparando la finalización del embarazo con el Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto permite el aborto sólo si la salud de la madre estuviera en peligro crítico (casos de violación o incesto deben finalizar la gestación), prohibiéndolo virtualmente solo en el momento de la concepción. No penaliza a las mujeres por abortos, pero podría enviar a los médicos que los practican a prisión hasta 99 años, más de lo que los violadores enfrentan en la mayoría de los casos.

En Ohio, una ley firmada por el gobernador Mike DeWine (también Republicano) prohíbe el aborto tan pronto como se pueden detectar los latidos del corazón del feto, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, también sin excepción por violación o incesto. Y en Georgia, una ley firmada por el gobernador Brian Kemp (otro Republicano) prohíbe el aborto después de seis semanas, nuevamente antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Las reacciones no se hicieron esperar. En su Instagram, Rihanna recalcó justamente el hecho de que quienes votaron por la ley eran todos hombre blancos Republicanos: “Mírenlos. Estos son los idiotas que toman decisiones por las mujeres en Estados Unidos. Gobernadora Kay Ivey… ¡debería darle vergüenza!”

Más allá de cuestiones de género, lo que realmente sorprende es que la mayoría de los legisladores que aprueban este tipo de medidas tienen problemas para articular los hechos más básicos sobre la biología de la mujer, la concepción, o incluso cómo funcionaría la ley misma. En Alabama, cuando la prensa le preguntó al senador Clyde Chambliss (Republicano, claro) si la ley permitiría que las víctimas del incesto obtuvieran abortos, él respondió: “Sí, hasta el momento que sepan que están embarazadas”.

Nunca explicó cómo alguien podría tener un aborto antes de saber que estaba embarazada, excepto con la afirmación de que “se necesita tiempo para que todos los cromosomas se junten”. Es lamentable que el cuerpo, la vida y el futuro de las mujeres estén literalmente en manos de hombres que aparentemente no pudieron aprobar una clase de salud reproductiva en la escuela.

Esta falta de comprensión sobre cómo funcionan los cuerpos femeninos es un factor común entre los legisladores más extremos: El representante John Becker de Ohio (Republicano), patrocinó un proyecto de ley para limitar la cobertura de seguro para abortos, afirmando que tendría una excepción para los embarazos ectópicos, cuando el óvulo fertilizado se implante fuera del útero. “Ese tratamiento sería extraer el embrión de la trompa de falopio y reinsertarlo en el útero”, dijo, explicando un procedimiento que no existe y que no es médicamente posible. El representante estatal de Texas, Dan Flynn (Republicano), cree que el aborto requiere cortar el útero de una mujer; Vito Barbieri (Republicano), representante de Idaho, piensa que es posible hacer un examen ginecológico remoto a una mujer si se traga una cámara diminuta; y el ex congresista de Missouri, Todd Akin, (Republicano) una vez afirmó que las mujeres no pueden quedar embarazadas si han sido violadas porque “el cuerpo femenino tiene maneras de apagarlo todo“.

Deprimente, ¿no? Y no se trata solo de que estén tan tristemente equivocados en cuanto a biología, sino que estas leyes arcanas parecen tener una comprensión nula de cómo la implementación de su legislación impacta a las mujeres con abortos espontáneos, quienes en la mayoría de los casos, deben justificar y convencer a la Fiscalía de que no fueron provocados.

Lo peor de todo es que ninguna de estas leyes van a detener los abortos: estos se seguirán practicando de manera ilegal, poniendo a más mujeres en peligro mientras los movimientos pro-vida se afanan de haber cumplido su cometido. Que no nos extrañe ver a Latinoamérica seguir el nuevo ejemplo de los Estados Unidos, que cada vez más parece acercarse a la realidad distópica de The Handmaid’s Tale. No nos extrañaría ver al brasileño Jair Bolsonaro impulsar una iniciativa similar.

Seamos honestos: estas leyes no tratan de proteger los óvulos fertilizados. Nunca se han hecho en defensa de “proteger la vida”: simplemente son un mecanismo más en donde hombres puedan controlar los cuerpos de las mujeres en nombre de “la religión y la moral”. Incluso si no saben cómo esos cuerpos funcionan. ¿Realmente confiamos en que los legisladores latinoamericanos no comparten la misma ignorancia?

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