La activista pro-aborto de Polonia, Justyna Wydrzynska, fue condenada esta esta semana por un tribunal de su país a 8 meses de trabajos comunitarios, considerado un castigo moderado, dado que el artículo 152 del Código Penal de la nación europea que contempla este delito, prevé hasta tres años de cárcel. Sin embargo, el caso marca la primera vez que una activista se enfrenta a la justicia por ayudar a abortar a alguien en el continente europeo.

Pilar del colectivo Aborto sin Fronteras, Wydrzynska había ayudado en 2020 a una mujer a interrumpir un embarazo no deseado enviándole voluntariamente sus propias píldoras, lo que constituía un aborto médico. La mujer, de 48 años, nunca llegó a conocer a la mujer conocida como “Ania”, una madre con una pareja violenta. Su pareja, que le había prohibido viajar a Alemania para abortar, se apoderó del paquete y llamó inmediatamente a la policía. Ania acabó abortando. “No me arrepentí ni un momento. Solo se trataba de ayudar a mi conciudadana, ya que Ania era víctima de la violencia”, declaró Wydrzynska el año pasado.

Vale la pena destacar que Ania, incluso había enviado una carta a Wydrzynska para agradecerle “su acto de humanidad”.

Tras su condena, ante las cámaras, la activista dijo no aceptar su veredicto y anunció que apelará. “No me siento culpable en absoluto. Simplemente continuaremos nuestro trabajo y responderemos a todas las peticiones de ayuda para abortar”. Kinga Jelinska, directora de Women Help Women, organización miembro de Aborto sin Fronteras, que practica abortos médicos a domicilio, declaró que el veredicto era “una vergüenza. Este caso es ante todo político”, lamentó a la prensa. “Las autoridades están completamente alejadas de la realidad”, afirmó. “La mayoría de los polacos están ahora a favor del aborto”.

La ley polaca es una de las más represivas de la Unión Europea y solo permite el aborto en caso de peligro para la vida de la embarazada, violación o incesto. Además, a menudo se impide el acceso efectivo a este derecho. Manifestaciones masivas acompañaron la prohibición del aborto en caso de malformación grave del feto, aprobada en enero de 2021 y anunciada en octubre de 2020 por el Tribunal Constitucional. Aunque el aborto asistido está penalizado, quien se administre píldoras autoadministradas obtenidas por sus propios medios no está sujeto a enjuiciamiento. Es precisamente este mecanismo el que utilizan las activistas y ONG que trabajan en este campo, enviando píldoras de forma anónima desde el extranjero.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?