Perú violó los derechos de una niña de 13 años al negarle el aborto tras ser violada por su padre y quedar embarazada, según la ONU
Perú violó los derechos de una niña de 13 años que había sido violada repetidamente por su padre al negarle un aborto tras quedar embarazada, dijo la ONU en un comunicado emitido por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en un informe concluyó esta semana que las autoridades peruanas habían violado los derechos a la salud y a la vida de la niña, conocida por el seudónimo de Camila, al no proporcionarle información ni acceso a un aborto legal y seguro.
La menor, originaria de la zona de Apurímac, en la sierra peruana, sufrió violencia sexual por parte de su padre desde que tenía nueve años. De acuerdo con la legislación peruana, el aborto es un delito penal excepto si existe una amenaza para la vida de la mujer o un riesgo grave y permanente para su salud. Sin embargo, cuando Camila quedó embarazada en 2017 y fue trasladada a un hospital de Abancay, no se le informó de su derecho a someterse a un aborto terapéutico, a pesar de que declaró en repetidas ocasiones que no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada.
“Estoy consternada por la forma en que las autoridades nacionales trataron a una niña de 13 años víctima de violación e incesto”, dijo Ann Skelton, presidenta del Comité de la ONU. “Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente”, añadió Skelton. El informe reza que cuando Camila y su madre solicitaron la interrupción legal del embarazo, no recibieron respuesta ni de la fiscalía ni de las autoridades sanitarias.
Posteriormente, Camila sufrió un aborto espontáneo y fue acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba continuar con el embarazo. “Fue revictimizada en el servicio de salud al negarle un aborto”, dijo Rossina Guerrero, directora de programas de Promsex, la organización que llevó el caso de Camila ante el comité de la ONU en 2020. Alegó que se habían violado sus derechos en virtud de la convención de la ONU sobre los derechos del niño. “Además, enfermeras fueron con policías a la casa [de Camila] para obligarla a ir a un control cuando había sufrido un aborto espontáneo.
“El mismo fiscal que estaba investigando a su padre por haberla violado, luego la acusó de abortar intencionalmente y buscó su procesamiento. Esto no hizo más que agravar el grave impacto en su salud mental”. El Comité de la ONU concluyó que Camila era víctima de “discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social”, dado que su “solicitud de aborto fue ignorada repetidamente y su casa y su escuela fueron invadidas con frecuencia”. El organismo pidió a Perú que despenalizara el aborto en todos los casos de embarazo infantil y garantizara el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto.
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