Perú: Pedro Castillo deroga toque de queda tras críticas y fuertes protestas
El presidente de Perú, Pedro Castillo, levantó el toque de queda impuesto en la capital del país después de que la medida provocara críticas generalizadas, enfado y nuevas protestas en las calles de Lima. Castillo había ordenado a última hora del lunes que los residentes permanecieran en sus casas entre las 2 de la mañana y las 11:59 de la noche, hora local, en un esfuerzo por “restablecer la paz y el orden interno” en medio de las protestas a nivel nacional por el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos.
“Vamos a retirar con efecto inmediato este toque de queda. Llamamos al pueblo peruano a la calma”, dijo Castillo el martes por la tarde, junto a la presidenta del Congreso, María Alva, al acortar el toque de queda poco después de las 17:00 hora local. El toque de queda en Lima y en la vecina ciudad del Callao se produjo después de que estallaran protestas en todo el país andino en medio de la ira por el aumento de los costes de los combustibles y los fertilizantes. Los camioneros y otros trabajadores del transporte bloquearon las principales carreteras, y al menos cuatro personas han muerto en enfrentamientos con la policía durante la última semana, según el gobierno.
El martes por la tarde, cientos de manifestantes, la mayoría de ellos con la camiseta o la bandera de fútbol blanca y roja de Perú, desafiaron la orden intentando llegar al Congreso del país, donde Castillo se reunía con legisladores. El primer ministro del país había dicho anteriormente que la medida podría extenderse a otras zonas de la nación andina si los disturbios continuaban. Sin embargo, la medida provocó la ira y las críticas generalizadas de los políticos de los partidos de la oposición, los expertos en derechos humanos y los ciudadanos de a pie.
El toque de queda dejó las principales carreteras y los mercados callejeros de Lima casi desiertos durante todo el día, ya que el ejército se unió a la policía en las calles para administrar un estado de emergencia que restringía varias libertades civiles, incluyendo el derecho a la libertad de movimiento y contra los registros arbitrarios. El estado de excepción afectaba a los servicios esenciales, como los mercados de alimentos, las farmacias, las clínicas y la recogida de basura, pero no había servicio de autobuses, lo que provocaba la frustración de los peruanos de clase trabajadora que no podían llegar a sus puestos de trabajo.
El toque de queda y el estado de emergencia fueron duramente criticados por el Defensor del Pueblo de Perú, Walter Gutiérrez. Su oficina dijo anteriormente que había presentado una moción de emergencia para detener la medida. María Alva, presidenta del Congreso, también había calificado el mandato como “inaceptable” y dijo que los legisladores seguirían trabajando. También pidió a los peruanos que desobedecieran las órdenes. Castillo reconoció en las últimas semanas que el país se enfrenta a una crisis económica que achacó a la pandemia y a la guerra de Rusia con Ucrania, pero dijo que los disturbios habían causado “preocupación entre los trabajadores, las madres de familia y la población en general” y afirmó que impuso el toque de queda para “restablecer la paz y el orden interno”.
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