Perú: Las protestas vuelven a las calles con miles de manifestantes pidiendo la renuncia de Dina Boluarte
Esta semana, decenas de miles de manifestantes peruanos reavivaron las protestas en la nación sudamericana, exigiendo elecciones anticipadas y la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, meses después de que más de 60 personas murieran en movilizaciones similares. En esta ocasión, las protestas fueron convocadas y coordinadas por trabajadores mineros y sindicatos, que amenazaron con un paro laboral para ejercer presión. La minería es uno de los principales contribuyentes a la economía de Perú, segundo productor mundial de cobre.
Los defensores de los derechos humanos dijeron que estaban vigilando la violencia después de que Boluarte dijera que cualquier protesta sería tomada como una “amenaza a la democracia”, y los miembros del gabinete advirtieran que la policía haría “legítimamente uso de la fuerza”. Durante las manufestaciones de ayer,las personas comenzaron a empujar los escudos policiales y otros objetos para romper el cerco que impedía el acceso a la avenida Abancay, que atraviesa gran parte del centro de la capital, y finalmente lo lograron después de un enfrentamiento, en el que no faltaron los gases lacrimógenos y bombas de humo.
Los manifestantes antigubernamentales buscan retomar el impulso de principios de este año, cuando miles de peruanos — muchos de ellos indígenas y de zonas de alta pobreza — marcharon pidiendo elecciones anticipadas después de que el Congreso destituyera al ex presidente Pedro Castillo cuando intentó gobernar por decreto en diciembre del año pasado. Las protestas fueron respondidas con una violenta represión.
Unas 60 personas murieron y casi 2.000 resultaron heridas, según la Defensoría del Pueblo. Funcionarios del gobierno y de seguridad, incluida Boluarte, están siendo investigados en relación con la represión. Boluarte niega haber cometido delito alguno, y su abogado ha afirmado que la reacción de las autoridades fue en “legítima defensa”.Informes de ONG locales, así como de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyeron que la policía y el ejército hicieron un uso excesivo de la fuerza y llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales.
En un principio, Boluarte se mostró partidaria de celebrar elecciones presidenciales anticipadas, pero el mes pasado declaró que tenía previsto permanecer en el cargo hasta 2026, fecha en la que habría concluido el mandato de Castillo. La celebración de elecciones anticipadas requiere la aprobación del Congreso, pero los legisladores han rechazado la opción cinco veces este año. Cabe señalar que el Congreso y Boluarte tienen uno de los índices de aprobación más bajos de América: según una encuesta de junio, solo el 6% aprueba al Congreso y el 12% a la presidenta.
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