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Perspectives

Perú: Inicia juicio en contra de Alberto Fujimori por “esterilizaciones obligatorias” durante su mandato “para reducir la pobreza”

Mujeres víctimas de esterilización forzada durante el Gobierno de Alberto Fujimori protestan en Lima, Perú, en una imagen de archivo del 13 de febrero de 2014. Fotografía: Ernesto Benavides/AFP
Words Carlos Turmero Reading 4 minutos

El expresidente peruano Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, forzaron la esterilización de mujeres andinas para “reducir la pobreza”, denunció la Fiscalía este lunes durante el inicio del juicio para la sustentación de la causa por la que se llevó a esta instancia al exmandatario. Más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres, la mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas quechua y de familias con pocos recursos económicos, fueron esterilizados entre 1996 y 2001, de acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Salud de Perú, según reporte de la BBC.

El programa de control de la natalidad, conocido como Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, fue implementado como una medida “para combatir la pobreza”, según el gobierno a cargo, con el fin de reducir las tasas de natalidad en sectores de escasos recursos. En este período de tiempo, murieron 18 mujeres, de ellas cinco por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, que además también dejó secuelas físicas en otras 1.300.

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El gobierno de Perú señaló que los procedimientos quirúrgicos fueron realizados con el consentimiento de los pacientes. Sin embargo, más de 2.000 mujeres han dicho lo contrario: que fueron forzadas, chantajeadas, engañadas o acosadas para dejarse practicar la operación.

Fujimori y sus compañeros, entre ellos tres ex ministros de Salud, “hicieron mucho daño con sus políticas”, dijo el fiscal Pablo Espinoza al leer los cargos contra el ex presidente de 82 años. Espinoza dijo que el acusado “jugó con la vida y la salud reproductiva de las personas, sin importarle el daño” que les causaría. Por su parte, sus defensores señalan que la esterilización fue ofrecida tanto a mujeres como a hombres como un método optativo de control de la natalidad.

De acuerdo con la BBC, una investigación hecha por el Congreso peruano en el año 2002 encontró que había suficiente evidencia que demostraba que los funcionarios de salud habían sido presionados para alcanzar cuotas o metas de esterilizaciones y que muchos procedimientos médicos se habían llevado a cabo de manera rutinaria sin el consentimiento de las mujeres. La investigación detalló que las mujeres indígenas, muchas de las cuales solo hablaban quechua, fueron desproporcionadamente afectadas por el programa dado que la mayoría no recibió atención postoperatoria adecuada y algunas murieron debido a complicaciones de salud relacionadas con las cirugías.

Distintas organizaciones que representan a las víctimas creen que esta política de Estado estuvo “basada en discriminación y racismo”, y llevó a la muerte a por lo menos 40 mujeres como resultado de las operaciones de ligadura de trompas. Los testimonios recogidos por la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), están siendo utilizados por los fiscales como evidencia legal.

Uno de esos testimonios es el de Rudecinda Quilla, quien luego de dar a luz a su cuarto hijo, aseguró que los doctores en la provincia de Anta, también en la región de Cuzco, le dijeron a su marido y a ella que parían “como chanchos”, por lo que la chantajearon para que se realizara la operación, según consta en su relato a la AMPAEF reseñado por la BBC

“A mi esposo lo trajo la policía desde la granja donde trabaja. Ellos trataron de obligarlo a firmar [el consentimiento]. Pero él se rehusó, entonces lo amenazaron con que lo iban a arrestar”.

Una de las las razones por las que las historias como la de Quilla están siendo reconocidas en estos momentos, después de dos décadas fue el reconocimiento del estado peruano en la responsabilidad de la muerte de María Mamérita Mestanza Chávez, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitara una investigación para determinar las causas de la misma. Mestanza era una mujer indígena de 33 años que murió después de una operación en 1998, debido a la falta de cuidado postoperatorio.

Sin embargo, la lentitud del sistema judicial peruano hace pensar a muchos observadores que hay pocas posibilidades de que se obtenga un veredicto en el corto plazo, y mucho menos una compensación económica a las víctimas.

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