El parlamento neozelandés aprobó el día de hoy una ley que prohíbe las prácticas destinadas a cambiar por la fuerza la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona, lo que se conoce como terapia de conversión. El proyecto de ley, presentado por el gobierno el año pasado, fue aprobado casi por unanimidad el martes, con 112 votos a favor y ocho en contra.

“Este es un gran día para las comunidades arco iris de Nueva Zelanda”, dijo el ministro de Justicia, Kris Faafoi. “Las prácticas de conversión no tienen cabida en la Nueva Zelanda moderna”. El gobierno ha dicho que prácticas como la terapia de conversión no funcionan, están ampliamente desacreditadas y causan daño. La terapia de conversión, cuyo objetivo es cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, puede incluir terapia verbal, hipnosis, descargas eléctricas y ayuno. En casos extremos, se han documentado exorcismos y “violaciones correctivas” a lesbianas.

Según la legislación, será un delito realizar prácticas de conversión a menores de 18 años o a personas con capacidad de decisión reducida. Estos delitos se castigarán con hasta tres años de prisión. También será delito realizar prácticas de conversión a cualquier persona — independientemente de su edad — cuando las prácticas hayan causado un daño grave, y los infractores podrán ser condenados a penas de hasta cinco años de prisión.

La legislación también establece lo que no es una práctica de conversión, y protege el derecho a expresar opiniones, creencias, convicciones religiosas o principios que no pretenden cambiar o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. “Esta legislación no pretende criminalizar las conversaciones abiertas y respetuosas que tienen como objetivo facilitar la ayuda y el apoyo cuando alguien está luchando con su sexualidad”, dijo el ministro Faafoi.

Acabar con la terapia de conversión fue una de las promesas de campaña de la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, cuando fue elegida para un segundo mandato el año pasado, y el gobierno dijo que había recibido casi 107.000 firmas de apoyo sobre el proyecto de ley, el mayor número jamás recibido sobre cualquier legislación.

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