Nicaragua: Proyecto de ley contra las “fake news” pondría en la cárcel entre 2 a 4 años a los infractores
Esta semana, un grupo de diputados del partido gobernante Frente Sandinista presentaron ante el parlamento nicaragüense un proyecto de ley de ciberdelitos que, según la oposición, criminalizaría a periodistas independientes y usuarios de redes sociales que expresen opiniones contrarias al gobierno. La propuesta fue presentada este lunes como “Ley Especial de Ciberdelitos” contempla “la prevención, investigación y persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la comunicación y la información en perjuicio de las personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías y cualquiera de sus componentes”.
En un principio, la ley serviría como una manera de castigar a quienes propaguen noticias falsas en las redes sociales: de hecho, el al artículo 30 de la propuesta reza que “quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población o un grupo o sector de ella, a una persona o su familia, se le impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y doscientos a quinientos días de multa”.
Sin embargo, para la abogada Martha Molina, integrante de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, la ley busca controlar las redes sociales, ya que muchos usuarios las usan como espacios de denuncia pública. “Los ciudadanos se han seguido manifestando, denunciando vulneración de derechos humanos, han expuesto videos y audios de funcionarios públicos que dejan en evidencia al régimen”. Una similar preocupación fue compartida por Sergio Marín, directivo de la organización de Periodistas y Comunicadores independientes de Nicaragua (PCIN), quien reveló que ante la poca información oficial y la búsqueda de fuentes informativas alternativas, algunos periodistas pueden ser considerados como delincuentes. “Como periodista rechazo enfáticamente esta iniciativa de ley que trata de imponer la autocensura y criminalizar nuestro ejercicio profesional”, dijo a CNN.
En los últimos meses, el gobierno nicaragüense ha recurrido a la retórica de las “fake news” para descalificar las informaciones de medios alternativos, en especial durante la pandemia del COVID-19, quienes reportaban más casos de los oficiales, así como “entierros exprés” en la nación. L vicepresidenta y portavoz del gobierno, Rosario Murillo, ha dicho en varias oportunidades que “hay quienes se especializan en crear lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio a partir de noticias falsas”.
En respuesta a la iniciativa, el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrāo, expresó en su cuenta de Twitter que la propuesta “abre brecha para criminalizar ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos como el uso de las ‘tecnologías’ para divulgar ‘información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra’”. De igual manera, Michael G. Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU, dijo en Twitter que la ley propuesta “es una amenaza a los nicaragüenses” y que “así no actúan los gobiernos democráticos”.
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