Nicaragua aprueba polémica ley que castiga con cárcel la publicación y propagación de “fake news”
El Congreso de Nicaragua aprobó esta semana por abrumadora mayoría una polémica ley para regular lo que se puede publicar en redes sociales y en las noticias, una medida que los críticos condenaron como un descarado intento de amordazar a la oposición del presidente Daniel Ortega.
La llamada Ley de Ciberdelincuencia permite imponer penas de hasta cuatro años de prisión a quienes sean declarados culpables de publicar noticias falsas en los redes sociales o en los medios de comunicación. Mientras tanto, quienes revelen información “no autorizada” por el gobierno se enfrentan a penas de prisión de cuatro a seis años, mientras que quienes divulguen información que “ponga en peligro la seguridad nacional” se enfrentan a penas de prisión de hasta ocho años.
La medida, aprobada por 70 de los 91 legisladores presentes en la legislatura, ha suscitado críticas de activistas de la oposición y de organizaciones de medios de comunicación en el sentido de que criminalizará el periodismo. “Esta ley viola la libertad de expresión de los ciudadanos, los medios de comunicación y las redes sociales. Busca chivos expiatorios en la oposición y en los medios de comunicación no controlados por el gobierno”, dijo la legisladora opositora Azucena Castillo.
Castillo fue una de las 16 legisladores que votaron en contra del proyecto de ley. Mientras tanto, los partidarios de Ortega en el Congreso dijeron que la ley regularía los delitos cibernéticos, sexuales y financieros, así como la difusión de fake news, alegando que la libertad de expresión ya estaba regulada por la Constitución de Nicaragua.
El legislador pro-gobierno José Zepeda acusó a la oposición de usar las redes sociales para “calumniar y humillar”. La ley entrará en vigencia en los próximos 60 días luego de ser publicada en la Gaceta Oficial de Nicaragua.
La medida se produjo después de otro proyecto de ley para prohibir la financiación extranjera con “fines políticos”, que requeriría que cualquier persona que reciba financiación del extranjero se registre en el Ministerio del Interior y explique el destino del dinero. Los miembros de la oposición han dicho que el proyecto de ley tiene como objetivo evitar que los críticos del gobierno reciban financiación externa antes de las elecciones de 2021.
Ortega, cuyo mandato actual termina en enero de 2022, ha ridiculizado a sus adversarios como golpistas y terroristas.
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