Aung San Suu Kyi, la líder civil de Myanmar que fue derrocada en un golpe de Estado de facto este año, fue declarada culpable de incitación este lunes y condenada a cuatro años de prisión, en un juicio ampliamente criticado como un nuevo esfuerzo de los gobernantes militares del país para revertir los logros democráticos de los últimos años. Horas más tarde, la televisión estatal informó que su condena se había reducido a dos años en virtud de una amnistía e indicó que no la cumpliría en la cárcel, sino en el lugar donde se encuentra actualmente detenida.

Las condenas sirven para cimentar un dramático destino para la Premio Nobel de la Paz, que ya había pasado 15 años bajo arresto domiciliario por resistirse a los generales de la nación del sudeste asiático, pero que luego aceptó trabajar junto a ellos cuando prometieron instaurar un régimen democrático. El veredicto del lunes fue el primero de una serie de casos presentados contra Suu Kyi, de 76 años, desde su detención el 1° de febrero, día en que el ejército tomó el poder e impidió que su partido, la Liga Nacional para la Democracia, iniciara un segundo mandato. Si es declarada culpable de todos los cargos a los que se enfrenta, Suu Kyi podría ser condenada a más de 100 años de prisión. Está detenida por los militares en un lugar desconocido.

El ejército se hizo con el poder alegando un fraude electoral masivo en las elecciones de noviembre de 2020, que el partido de Suu Kyi ganó de forma aplastante, y en dondeobservadores electorales independientes no detectaron ninguna irregularidad importante. La oposición a la toma del poder surgió casi inmediatamente y sigue siendo fuerte, con una resistencia armada que se extiende tras la violenta represión de las protestas pacíficas por parte de los militares. Ahora se teme que el veredicto pueda avivar aún más las tensiones.

Los casos contra Suu Kyi se consideran en general una farsa para desacreditarla y evitar que se presente a las próximas elecciones, ya que la Constitución prohíbe que cualquier persona enviada a prisión tras ser condenada por un delito pueda ocupar un alto cargo o ser legislador. Yanghee Lee, ex relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Myanmar, calificó de “falsos” tanto los cargos como el veredicto, mientras que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó el proceso de “juicio falso”.

Los grupos de derechos también deploraron el veredicto, y Amnistía Internacional lo calificó como “el último ejemplo de la determinación de los militares de eliminar toda oposición y sofocar las libertades en Myanmar”. Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, dijo que el juicio era solo el comienzo de un proceso que “muy probablemente garantizará que a Suu Kyi no se le permita volver a ser una mujer libre”. Suu Kyi es ampliamente venerada en su país por su papel en el movimiento prodemocrático del país, y durante mucho tiempo fue considerada en el extranjero como un icono de esa lucha, personificada en sus 15 años de arresto domiciliario. Pero desde su liberación en 2010 y su regreso a la política, ha sido muy criticada por la apuesta que hizo: mostrar deferencia hacia los militares mientras ignoraba y, a veces, incluso defendía las violaciones de derechos, sobre todo la represión de 2017 contra los musulmanes rohingya, que los grupos de derechos han calificado de genocidio.

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