Myanmar: Aung San Suu Kyi condenada a 6 años más de cárcel mientras la UE pide su liberación
Un tribunal de Myanmar condenó esta semana a la depuesta líder Aung San Suu Kyi por cargos adicionales de corrupción, añadiendo seis años a su condena de prisión, según un funcionario judicial. Ya había sido condenada a 11 años de prisión por sedición, corrupción y otros cargos en juicios anteriores, después de que los militares la detuvieran en febrero de 2021 al arrebatarle el poder a su gobierno elegido en un golpe de Estado.
Aung San Suu Kyi, de 77 años, fue condenada por el uso indebido de fondos de la Fundación Daw Khin Kyi — organización que fundó para promover la salud y la educación — para la construcción de una vivienda, y por el arrendamiento de terrenos propiedad del gobierno a un precio reducido. El juicio se celebró a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación ni al público, y además se le ordenó a sus abogados que no hablaran del proceso. Se le impusieron penas de tres años por cada uno de los cuatro cargos, pero las condenas por tres de ellos se cumplirán de forma simultánea, lo que supone un total de seis años más de prisión.
Aung San Suu Kyi negó todos los cargos y se espera que sus abogados apelen. Zin Mar Aung, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar, creado por los políticos derrocados en el golpe, declaró que la decisión era “un acto más de los intentos desesperados de la Junta por desacreditar a los elegidos democráticamente” y pidió la liberación de Aung San Suu Kyi. La condena tuvo eco en otros lugares, y el principal diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió la liberación de todos los presos políticos e instó a los golpistas a “respetar la voluntad del pueblo”.
Los analistas afirman que las numerosas acusaciones contra Aung San Suu Kyi y sus aliados forman parte del intento de los militares de legitimar su toma de poder y apartar a la popular líder de la política antes de las elecciones que han dicho que celebrarán el próximo año. Se espera que Aung San Suu Kyi y sus coacusados presenten recursos en los próximos días, dijo un funcionario jurídico, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a dar información y temía ser castigado por las autoridades.
La toma de posesión del ejército ha sumido a Myanmar en una crisis, provocando protestas callejeras pacíficas y un movimiento de desobediencia civil en todo el país. Los militares han respondido con la fuerza, desencadenando una resistencia armada que algunos expertos de la ONU califican ahora de guerra civil. Casi 2.200 personas han sido asesinadas por los militares desde el golpe, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, que ha estado supervisando la represión. El régimen militar ha sido acusado de abusos contra los derechos humanos, como detenciones y asesinatos arbitrarios, torturas y barridos militares que incluyen ataques aéreos contra civiles y la quema de pueblos enteros.
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