Miles de personas se manifestaron este domingo 16 de junio en varias ciudades de España, como Barcelona, Palma de Mallorca, San Sebastián y Granada, para protestar contra la masificación turística y exigir el “decrecimiento turístico” ante el aumento de visitantes y sus consecuencias en la vida local. Las protestas, convocadas por plataformas ciudadanas y colectivos sociales, se dieron en el contexto de un récord de 94 millones de turistas recibidos en España en 2024, un 10% más que el año anterior.

En Palma de Mallorca, donde se registró la mayor afluencia, unas 8.000 personas marcharon bajo el lema “Por el derecho a una vida digna”, desafiando temperaturas de hasta 39 grados para denunciar que el turismo masivo expulsa a los residentes y encarece la vivienda. La plataforma Menys Turisme Més Vida encabezó la protesta, en la que el joven portavoz Jaume Pujol reclamó “poner límites” a la turistificación y defendió el derecho de los mallorquines a vivir dignamente en su tierra. Los asistentes portaron pancartas como “Queremos vivir en nuestra casa” y corearon consignas en defensa de la vivienda y la cultura local.

En Barcelona, alrededor de 600 personas se sumaron a la convocatoria de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT), repitiendo acciones como el uso de bombas de humo y pistolas de agua contra turistas, una táctica que ya había llamado la atención internacional en protestas anteriores. Los manifestantes recorrieron zonas emblemáticas y se detuvieron frente a hoteles y comercios turísticos, denunciando que el “monocultivo turístico” afecta negativamente al empleo, la vivienda y el entorno urbano. Dani Pardo, portavoz de ABDT, destacó que el salario medio en el sector turístico es un 60% inferior al promedio de la ciudad.

San Sebastián también fue escenario de protestas, con unas 300 personas y medio centenar de asociaciones que denunciaron la “emergencia habitacional” causada por el auge de los pisos turísticos y la subida de los alquileres. Los manifestantes reclamaron la erradicación de los alojamientos turísticos y pidieron a las instituciones políticas “valientes” para cambiar el modelo económico de la ciudad. Según un estudio de la universidad pública EHU, el 82% de los vecinos considera que el número de turistas es “excesivo o muy excesivo”.

En Granada, unas 300 personas se concentraron en el Mirador de San Nicolás, convocadas por la plataforma Albayzín Habitable, para denunciar que el turismo “depredador” está expulsando a los vecinos del barrio histórico del Albaicín. Portaron pancartas con mensajes como “calle sin vecinos” y “más residentes, menos clientes”, en defensa de la vida de barrio y el patrimonio local. Las autoridades españolas han comenzado a responder a la presión social. El gobierno ordenó recientemente a Airbnb eliminar casi 66.000 alquileres vacacionales que no cumplían con las normativas locales, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona anunció la eliminación de 10.000 licencias de alquiler turístico para 2028. El ministro de Derechos del Consumidor, Pablo Bustinduy, declaró que el turismo “no puede poner en peligro los derechos constitucionales del pueblo español”, en referencia al acceso a la vivienda y el bienestar social.

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