Luis María Aguilar, magistrado del Supremo mexicano, presentó este jueves un proyecto en el que considera que la consulta popular para someter a investigación y juicio a cinco expresidentes de México es inconstitucional porque viola los derechos humanos de los investigados y de las víctimas. La propuesta hecha por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, será debatida el próximo 1 de octubre en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los 11 ministros que la componen discutirán, a partir de la propuesta de Aguilar, si la consulta sigue adelante o no.

El proyecto de Aguilar afirma que el Estado mexicano está obligado a investigar los delitos, a través de las instituciones judiciales, sin poner a debate público la pertinencia de la búsqueda de justicia. “El objeto de la consulta popular solicitada es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso y, en general, al correcto funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano”, señala el texto redactado por el ministro.

Según informa El País, López Obrador comenzó el 15 de septiembre el proceso legal para llevar ante los tribunales a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El proceso implica un análisis por parte del Supremo mexicano sobre la pertinencia de la consulta, según las reglas determinadas desde la Constitución, así como un estudio sobre la pregunta que encabezaría el plebiscito. El ministro Aguilar recibió con recelo los argumentos planteados por el presidente mexicano para defender la consulta y los catalogó como un “concierto de inconstitucionalidades”. Además, explicó que el planteamiento de la pregunta va “contra los pilares de la democracia mexicana” porque supone cambiar la forma en la que funciona el Gobierno mexicano y contradice a la Constitución.

En caso de que el tribunal declara inconstitucional la consulta planteada por López Obrador, deberá notificar al Senado y se declarará como asunto definitivamente concluido porque la ley no establece ningún medio de impugnación.

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