Una estudiante de secundaria en Zacatecas, México, logró obtener protección de la justicia federal para poder asistir a clases con el cabello teñido de azul, a pesar de que el reglamento interno de la escuela lo prohibía. Todo comenzó cuando la estudiante se presentó en su escuela secundaria con el cabello teñido y las autoridades escolares le negaron el acceso debido a una norma interna que exigía un corte de cabello “natural y sin tintes”, lo que impidió que la joven pudiera continuar con sus estudios. Como respuesta, tanto la alumna como sus padres buscaron amparo legal.

Ante la negativa de la escuela, la estudiante y sus padres decidieron interponer un juicio de amparo argumentando que las normas y acciones de las autoridades educativas violaban su derecho humano a la educación y el principio de igualdad. Después de analizar los argumentos de ambas partes, la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio respaldó la decisión de la estudiante en base a los artículos 1º y 3º de la Constitución de México, que garantizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la educación, respectivamente.

En su sentencia, la jueza destacó que cualquier restricción injustificada y ajena a la Carta Magna debe considerarse inconstitucional. Además, citó jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sentencias de la Corte Constitucional de Colombia que respaldaban su decisión. La jueza argumentó que la apariencia física de los alumnos no afecta su capacidad para la educación y, por lo tanto, se debe respetar su libre desarrollo de la personalidad. La jueza Vizcaya Zamudio resaltó que el cabello teñido de azul no interfiere en los conocimientos, aptitudes y competencias necesarias para la educación, por lo que no se justifica restringir este derecho.

La decisión de la jueza ha sido aplaudida por defensores de los derechos humanos, quienes consideran que es necesario promover la diversidad y el respeto a la individualidad de los estudiantes. Sin embargo, también ha generado críticas por parte de aquellos que argumentan que las normas y reglamentos escolares deben ser respetadas para mantener un ambiente de orden y disciplina.

El amparo de la estudiante también incluía una acusación de bullying por parte de la directora y el subdirector de la escuela, pero la jueza determinó que no se presentaron pruebas suficientes para respaldar esta afirmación. Aunque la estudiante afirmaba haber sido víctima de acoso escolar, no pudo demostrarlo durante el proceso legal.

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