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“Los clientes también son responsables”: Países Bajos penalizará a los clientes de trabajadores sexuales que no denuncien tráfico de personas

Según la ley, los clientes pueden ser condenados a una pena de prisión de hasta cuatro años o a una multa de hasta EUR €21.750. Fotografía: Parool
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El Ministerio de Justicia y Seguridad de los Países Bajos lanzó a finales de diciembre una nueva campaña para destacar el papel de los clientes en la lucha contra la trata de personas. La campaña sirve para informar de una nueva ley establecida por la nación europea, que penalizará mantener relaciones sexuales con trabajadores sexuales de los que el cliente sepa o pueda sospechar que hay coacción, explotación o trata de seres humanos.

Según la ley, los clientes pueden ser condenados a una pena de prisión de hasta cuatro años o a una multa de hasta EUR €21.750. Si la trabajadora sexual es menor de dieciocho años, la pena de prisión puede llegar a los seis años. En las imágenes de la campaña se explican las posibles señales de los abusos que debe denunciar; por ejemplo, los moretones o señales de maltrato; el miedo; o el encuentro en un lugar apartado, como una zona industrial o un garaje. Si bien se usa el término trabajador del sexo en los textos, la campaña presenta a mujeres dada su presencia mayoritaria en el ámbito de la profesión.

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Una de las vallas de l campaña gubernamental. Fotografía: VER
Una de las vallas de l campaña gubernamental. Fotografía: VER

La ley es el símbolo de un cambio, dice el portavoz Shamir Ceuleers, del Centro para la Trata de Seres Humanos de los Países Bajos. Según Ceuleers, es importante que el papel de los clientes se destaque explícitamente en la ley. “A menudo se tenía la impresión de que los clientes eran espectadores inocentes, pero son corresponsables si mantienen relaciones sexuales con alguien que, por ejemplo, es menor de edad”. Según el gobierno, esta ley se introdujo para regular la industria del sexo y garantizar que la seguridad y la salud de los trabajadores del sexo son primordiales.

Sin embargos, activistas de los trabajadores del sexo piensan que esto no hará mucha diferencia. De acuerdo con Marjan Wijers, de la plataforma SekswerkExpertise, la iniciativa es una “legislación simbólica perjudicial que no ayuda ni a las víctimas ni a los trabajadores del sexo”. Según la abogada, uno de los efectos es que los clientes estarán menos dispuestos a denunciar los abusos. “Los clientes no querrán asumir el riesgo; al fin y al cabo, ellos mismos son punibles”. Wijers también señala que a menudo es casi imposible reconocer a las víctimas durante las visitas breves. “Ni siquiera los agentes de policía y los trabajadores sociales experimentados son capaces de hacerlo. Investigaciones anteriores realizadas en Finlandia también muestran que las víctimas están menos dispuestas a acudir a la policía por miedo a tener que declarar contra los clientes en casos penales y a que sus nombres sean conocidos por todo el mundo”.

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Finalmente, Wijers cita investigaciones de Amnistía Internacional, entre otras, que demuestran que criminalizar a los clientes no conduce a una menor prostitución, pero sí expone más a los trabajadores del sexo a la explotación y la violencia. Según la investigadora, la criminalización de los clientes en realidad empuja a las trabajadoras del sexo hacia la ilegalidad y la invisibilidad, en detrimento de su seguridad, su salud y su acceso a la ayuda. “Si realmente se quiere combatir la coacción y la violencia, hay que empezar por tratar a los trabajadores del sexo como iguales, con los mismos derechos que los demás profesionales. Una buena política se desarrolla junto con los trabajadores del sexo, no contra ellos. Esta política garantiza que las trabajadoras del sexo ya no tienen ninguna confianza en que el gobierno también tiene en cuenta sus intereses y su seguridad”.

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