Las “terapias de conversión” a personas LGBTQI+ se castigarán con 2 años, de acuerdo a una propuesta de ley en trámite en España

El Congreso español aceptó a trámite esta semana la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE que busca castigar con penas de cárcel las terapias de conversión dirigidas a modificar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género. La iniciativa fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, y pretende tipificar estas prácticas como delito en el Código Penal, con sanciones que oscilan entre seis meses y dos años de prisión.
Durante el debate en el pleno, el diputado socialista Víctor Gutiérrez afirmó que las terapias de conversión representan “una de las peores formas de violencia que una persona puede sufrir”, y denunció que aún existen familias, líderes religiosos y coaches que promueven la idea de que la diversidad sexual y de género puede eliminarse mediante prácticas como rezos, descargas eléctricas o medicamentos. Gutiérrez insistió en que estas “torturas” deben erradicarse en España, y subrayó la necesidad de que quienes apliquen, promuevan o financien estas prácticas sean juzgados.
La proposición de ley contempla penas agravadas en casos en los que la víctima sea menor de edad, se utilice violencia, exista una situación de superioridad, el culpable pertenezca a una organización o asociación, o la práctica se realice con fines lucrativos. En estos supuestos, la sanción se aplicaría en su mitad superior. Además, la norma prevé la inhabilitación especial de tres a cinco años para ejercer profesiones en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre.
Si el delito es cometido por una persona jurídica, la ley propone multas de seis meses a dos años, la posible disolución de la entidad, suspensión de actividades, clausura de locales y la inhabilitación para recibir subvenciones o ayudas públicas. De esta manera, se busca impedir que asociaciones o empresas puedan amparar o lucrarse con estas prácticas.
Durante el debate, partidos como BNG, Podemos, Bildu y ERC calificaron las terapias de conversión como “tortura”, mientras que el PNV las definió como una “aberración” que solo causa daño y trauma. Sumar también las consideró atentatorias contra la dignidad de las personas. Algunos grupos criticaron al PSOE por no haber apoyado una iniciativa similar en febrero que también contemplaba medidas de protección y reparación para las víctimas.
Por su parte, el Partido Popular expresó su respaldo a la defensa de los derechos del colectivo LGBTQI+, aunque lamentó la polarización del debate. Vox, en cambio, rechazó la propuesta calificándola de “aberración” y consideró que supone un ataque a la libertad individual, de pensamiento y religiosa.
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