El gobierno de extrema derecha de Italia presentó recientemente un plan para despenalizar el abuso de poder en el sector público. Esta propuesta ha generado tensión con la Unión Europea y ha encendido temores sobre el aumento de la corrupción y de la infiltración de la mafia. En la actualidad, el delito de abuso de poder es castigado con hasta cuatro años de prisión y se puede aplicar a funcionarios públicos, incluyendo alcaldes y administradores locales, que se sospecha que aprovechan intencionalmente su posición para su propio beneficio o el de otros. Sin embargo, el ministro de justicia de Italia, Carlo Nordio, argumenta que este delito es demasiado vago y desalienta a los políticos locales y funcionarios públicos a aprobar proyectos debido al miedo de ser investigados y causar “daño económico que afecta a los ciudadanos”.

En un país donde la mafia ha infiltrado frecuentemente el sector público, los magistrados han expresado preocupación sobre el papel fundamental que juega el delito de abuso de poder en la protección de la administración pública. La abolición de este delito podría facilitar los delitos económicos y fortalecer los vínculos entre la política y el crimen organizado. Giuseppe Inzerillo, abogado de Palermo y experto en derecho penal, advierte en The Guardian que la abolición de esta ley podría aumentar el riesgo de infiltración de la mafia en el sector público. “Con la seguridad de no incurrir en el delito de abuso de cargo, un alcalde que tenga que realizar una obra pública podría encargar la construcción a un familiar, a un amigo y – ¿por qué no? – a un amigo mafioso”.

Al parecer, la propuesta del gobierno italiano también ha generado preocupación en Bruselas. Un portavoz de la Comisión Europea señaló el mes pasado que esta propuesta “despenaliza una forma importante de corrupción y puede tener un impacto en la efectividad de la lucha contra la corrupción”. Actualmente, el delito de abuso de poder existe en 25 de los 27 países de la Unión Europea, y se espera que se amplíe a todos los países miembros.

La magnitud de la batalla continua de Italia contra el crimen organizado hace que muchos reflexionen sobre esta propuesta. En un juicio celebrado el pasado noviembre, más de 200 personas fueron condenadas por delitos como asociación criminal, extorsión y soborno en lo que se describió como el mayor juicio contra la mafia en Italia en tres décadas. Los investigadores presentaron extensas pruebas de las tácticas despiadadas y opresivas empleadas por la ‘Ndrangheta en Calabria para controlar la comunidad local, incluyendo ataques violentos, extorsión y corrupción en contratos públicos. El abuso de poder fue uno de los delitos por los cuales los funcionarios y los empleados públicos fueron condenados.

En Italia, este tema es sumamente complejo y genera divisiones entre académicos, abogados y expertos legales. Tanto críticos de izquierda como de derecha señalan que la efectividad de este delito en Italia es muy baja. Según el Ministerio de Justicia, el 96% de los casos de abuso de poder terminan con el cierre de las investigaciones. La propuesta del gobierno italiano será examinada en el Senado, la cámara alta del parlamento italiano.

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