Algunos de los inmigrantes más numerosos de los últimos años en Chile después de Perú, Colombia y Argentina provienen del Caribe, en particular de la isla que comparten la República Dominicana y Haití. Hasta el momento, se estima que unas 65.000 personas procedentes de esas dos naciones han llegado a nuestro país buscando una mejor vida, sin contar los provenientes de otras zonas de Sudamérica, en un gran éxodo económico que afecta al continente.

Muchos de ellos, tal como hacen los mexicanos para cruzar la frontera estadounidense, le pagan unos USD$2500 a coyotes para que los trasladen desde su país hasta “el paraíso”. Muchos llegan hasta Perú o Ecuador, desde donde son trasladados a escondidas en los compartimientos de maletas de autobuses, en donde pasan interminables horas hasta llegar a la frontera Chile de manera ilegal. Cruzarla es una aventura que puede llevarlos a la muerte.

Una frontera mortal sin políticas definidas

Durante la dictadura de los años 70, el gobierno chileno plantó más de 180.000 minas terrestres en su frontera con Perú, y aunque se han ido desactivando desde hace más de 5 años, más de 50.000 continúan en el lugar, con pocos avisos de precaución o peligro. Más de un inmigrante ha perdido un pie, o incluso la vida, al pasar la frontera desprevenido o desesperado al serle negada una visa de residencia.

A finales de este año, Chile elige a la figura sucesora de Michelle Bachelet, y hasta los momentos el expresidente y multimillonario Sebastián Piñera, que para muchos es la respuesta regional a Donald Trump, parece ser el candidato favorito de muchos. Meses atrás, en un discurso similar al de Trump contra México, Piñera dijo que su país “debe cerrar absolutamente sus fronteras al narcotráfico, a la delincuencia, al contrabando, al crimen organizado y también a la inmigración ilegal”.

Sin duda alguna, en el caso de una posible victoria de Piñera, el control fonterizo será una prioridad, y los incidentes con minas terrestres podrían aumentar muchísimo más, ya que la gente se vería obligada a buscar maneras alternativas e ilegales de cruzar la frontera. De acuerdo con la cónsul de República Dominicana en Arica, Nina Consuegra, quien dio declaraciones a The Guardian, la policía fronteriza de Chile ahora le está negando el paso a cualquiera “que sea negro o venezolano” si no lleva consigo su estadía prepagada y sus boletos de regreso.

Las políticas de inmigración de Chile datan del año 1975, y muchos esperan que en la próxima presidencia sean redefinidas. Recientemente han habido lamentables incidentes de violencia xenofóbica y racista afectando a algunos haitianos que hacen vida en nuestro país, lo que demuestra que no todos los chilenos están de acuerdo con la afluencia de inmigrantes, legales o no a su país.

Legales o ilegales, todos sabemos que la xenofobia y la discriminación son el pan de cada día para muchos inmigrantes en Chile, especialmente para aquellos afrodescendientes que provienen del Caribe y de América Latina. De acuerdo con la socióloga María Emilia Tijoux, muchos de estos inmigrantes sufren profundamente debido a la discriminación, y para ellos es más que un problema legal, “porque hay una parte de la sociedad chilena que es terriblemente racista”.

¿Aceptación o discriminación?

Un estudio realizado a principios de este año por la Fundación Nuevas Contingencias Sociales advirtió las posibles consecuencias del trato discriminatorio hacia los inmigrantes, en el que se analizan y comparan los distintos hitos migratorios en nuestro país.

En el estudio, un 41% de los migrantes encuestados declaró haber sufrido discriminación “sin motivo aparente”, con hincapié en comentarios acerca de que “vienen a quitar el trabajo”, y señalamientos de que son delincuentes o por el color de su piel. Por su parte, los chilenos encuestados develaron que el 47% piensa que la población inmigrante trae “enfermedades nuevas o algunas ya erradicadas”, mientras que el 35% opina que la población “viene a quitarles el empleo a los chilenos” y otro 35% señala que los inmigrantes “son sucios y no cuidan el medio ambiente”.

Florencia Serra, graduada en ciencias políticas de la Universidad Católica y una de las investigadoras a cargo,señaló que parte del problema reside en la no definición de una política migratoria local:

“Lo único que genera que esta ley se vaya aplazando, es que también se atrase la integración de estas nuevas personas que ya son parte de nuestra sociedad. Retrasar ese proceso solo puede generar resentimiento, porque en 10 años más esa persona probablemente va a tener un hijo que va a ser chileno, y va a saber que sus padres fueron discriminados, que no pudieron tener el mismo acceso a la educación que el resto de los chilenos. Estas sensaciones generan a la larga problemas sociales”.

El estudio hace una conclusión muy importante con respecto a los sentimientos de “incomodidad” que muchos experimentan al verse rodeados por poblaciones extranjeras.

“El malestar social por parte de la población nativa, genera como reacción que los estados quieran evitar la entrada de extranjeros, con el objetivo de poner fin a este malestar. Debemos entender que la migración no se puede evitar, y que el aumento de los requisitos o barreras a la entrada no garantizan que las personas no ingresen. De hecho, genera que más personas lo hagan de manera ilegal, lo que es un problema tanto para ellos – que son vulnerables a distintos tipos de abusos – como para el país receptor, que pierde el control de la información respecto a los integrantes de su sociedad”.

Mientras seguimos a la espera de una política migratoria actualizada que oriente al desarrollo de políticas públicas con enfoque en Derechos Humanos en los distintos ámbitos de las personas que ahora forman parte de nuestra sociedad, lo que nos queda es recordar que por cada inmigrante que llega a nuestro país, un Chileno inmigrante llega a otro esperando ser bienvenido y tratado con dignidad.

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