En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha generado una intensa polémica al reintroducir términos arcaicos y discriminatorios para clasificar a las personas con discapacidad intelectual. Según un decreto reciente, las personas con discapacidad serán clasificadas como “idiotas”, “imbéciles” o “débiles mentales”, dependiendo de su coeficiente intelectual y habilidades básicas. Esta clasificación ha sido incluida en un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) para el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral.

La medida busca evitar el fraude en el sistema de pensiones, pero ha sido ampliamente criticada por organizaciones de personas con discapacidad y derechos humanos. Estas organizaciones argumentan que los términos utilizados son obsoletos y peyorativos, violando acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que tiene rango constitucional en Argentina.

La clasificación establece tres categorías principales: “idiota” para aquellos con un coeficiente intelectual de 0 a 30, que no pueden realizar tareas básicas ni subsistir por sí mismos; “imbécil” para aquellos con un coeficiente entre 30 y 50, que pueden atender sus necesidades elementales pero no leer ni escribir; y “débil mental profundo” para aquellos con un coeficiente entre 50 y 60, que pueden firmar y realizar tareas rudimentarias.

Las organizaciones que representan a las personas con discapacidad han presentado reclamos formales para derogar esta normativa, argumentando que representa un retroceso en los derechos de este colectivo y refuerza la discriminación histórica que han enfrentado. Además, critican que el gobierno no consultó con las organizaciones de personas con discapacidad durante el proceso de redacción del decreto, lo cual es obligatorio por ley. 

La polémica ha generado un fuerte impacto en las redes sociales y ha sido difundida rápidamente por grupos críticos con el gobierno de Milei, quienes exigen su derogación inmediata para proteger los derechos y la dignidad de este colectivo. La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), expresó su repudio diciendo: “El uso de esta terminología no solo contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina a través de la ley 26.378 en 2008, sino que también atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación. La discapacidad no puede ni debe ser definida a partir de criterios que perpetúan la exclusión y el desprecio hacia quienes forman parte de esta comunidad”.

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