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Ghana: Nueva ley busca sentencias de 5 a 10 años a quienes se identifiquen como LGBTQI+

La primera propuesta del proyecto de ley ya fue laída esta semana por el parlamento de Ghana. Fotografía: Quarz
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Mientras que en muchos lugares del mundo los derechos de las personas LGBTQI+ están siendo prioridad en las agendas legislativas, parece que en otros lugares como Polonia, Hungría y Ghana parece que las leyes están siendo cada vez más regresivas y discriminatorias. En este último país, se filtró recientemente un nuevo proyecto de ley que busca criminalizar no solo a las personas LGBTQI+ en el país, sino también a sus aliados. Se trata de un texto que está provocando la ira y la indignación de la comunidad local LGBTQI+, pero también a nivel internacional. Titulado “Proyecto de Ley de Promoción de los Derechos Sexuales Humanos Propios de Ghana”, ya fue presentado al parlamento ghanés para su primera lectura el lunes 2 de agosto.

El proyecto de ley es uno de los textos más hostiles hacia las personas LGBTQI+: prevé penas de hasta diez años de prisión para las personas LGBTQI+, pero también para sus aliados, es decir, aquellos que se manifiestan a favor de sus derechos y que les proporcionan apoyo social y médico. Según The Guardian, se trataría de “una de las leyes antigay más draconianas y radicales propuestas en todo el mundo”. En las 36 páginas que recogen las distintas disposiciones del proyecto de ley, la irónica frase “LGBTTQIAAP+” aparece regularmente, como si quisiera ridiculizar a la comunidad. Mientras que los primeros artículos recuerdan los “valores familiares ghaneses”, el artículo 6 establece que cualquier persona que mantenga relaciones homosexuales, pretenda casarse con una persona del mismo sexo o se someta a una cirugía de reasignación de género, comete un delito castigado con tres a cinco años de prisión.

En cuanto a la “promoción de una actividad prohibida por el proyecto de ley”, mediante el uso de las redes sociales, el artículo 12 indica que la pena podría variar entre cinco y diez años de prisión. La misma pena se aplicaría a “cualquier persona que financie o patrocine actividades LGBTQ+”. Si se aprueba, el proyecto de ley podría incluso permitir al gobierno obligar a las personas intersexuales a someterse a una cirugía de “reajuste de género”, una medida paradójica denunciada por la asociación Rightify Ghana, subrayando en Twitter la ironía del texto, “que prohíbe la cirugía de afirmación de género para las personas trans” pero “anima a los padres a enviar a sus hijos intersexuales a instituciones para que se operen de ‘cambio de género'”.

El proyecto de ley está defendido por el parlamentario Sam Nartey George, y otros siete funcionarios electos. El diputado del Congreso Nacional Democrático (NDC) por la circunscripción de Ningo-Prampram es conocido por su clara postura LGTBfóbica. En una publicación en Twitter, el diputado dijo que “aprobaría este proyecto de ley” por considerar que “la homosexualidad no es un derecho humano. Es una preferencia sexual”. Y cuando los diplomáticos extranjeros expresaron su preocupación por un texto tan represivo y discriminatorio, George recordó el artículo 41 de la Convención de Viena, que establece que los diplomáticos extranjeros están obligados a “respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor” y a “no inmiscuirse en los asuntos internos de dicho Estado”.

Sin embargo, el proyecto de ley no dejó de provocar reacciones de los defensores de los derechos humanos, como la asociación LGBT+ Rights Ghana o Nana Ama Agyemang Asante, una activista ghanesa. Esta última se declaró “aturdida por el contenido, la crudeza del lenguaje y la crueldad de la intención” de la ley. “He pasado todo mi tiempo como periodista defendiendo los derechos de los homosexuales, por lo que no puedo creer que hayamos llegado a este punto en el que se quiere criminalizar todo y a todos, incluyendo la existencia de aliados, intersexuales y asexuales”. En este país conservador de África Occidental, las personas LGBTQI+ siguen siendo discriminadas. Los discursos de odio de los líderes religiosos y políticos y su difusión en los medios de comunicación no hacen más que exacerbar esta discriminación. Según una encuesta realizada en junio de 2018 por el Centro Africano para el Derecho Internacional y la Rendición de Cuentas (ACILA), se dice que estas declaraciones son apoyadas por casi el 75% de la población de Ghana.

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