En las últimas horas, Disney fue despojado de su estatus especial de larga duración como zona autónoma de Florida, después de que el gobernador republicano Ron DeSantis castigara a la compañía por negarse a respaldar sus iniciativas contra la comunidad LGBTQI+. La Cámara de Representantes de Florida dio el jueves la aprobación final a un proyecto de ley que disolvería el gobierno privado de Walt Disney World.

El rápido esfuerzo de los republicanos de Florida ha sido ampliamente visto como una represalia descarada después de que Disney, el mayor empleador privado del estado, pausó las donaciones políticas y condenó una nueva ley de educación llamada No Digas Gay, que prohíbe, entre otras cosas, la discusión sobre la orientación sexual y la identidad de género en la escuela primaria en las aulas de Florida y la limita para los alumnos mayores. “Disney y otras corporaciones woke ya no se saldrán con la suya en sus campañas de presión sin control”, dijo DeSantis.

La medida tendrá enormes implicaciones fiscales para Disney, cuya serie de parques temáticos ha transformado a Orlando en uno de los destinos turísticos más populares del mundo, y sirve para agriar aún más la relación entre el gobierno dirigido por los republicanos y la empresa. La rápida aprobación de la ley en tres días fue criticada por los demócratas del estado. La senadora Tina Polsky la calificó como “una enorme decisión basada en el rencor y la gobernanza de la venganza”.

Disney, que el año pasado dio casi un millón de dólares al Partido Republicano de Florida, había dicho que la legislación “nunca debería haber sido aprobada” y prometió ayudar a derogarla. “Estamos dedicados a defender los derechos y la seguridad de los miembros LGBTQ+ de la familia Disney, así como de la comunidad LGBTQ+ en Florida y en todo el país”, dijo la compañía en un comunicado. En marzo, Disney, que aún no se ha pronunciado sobre la votación, dijo que suspendería las donaciones políticas en el estado y añadió que, a su vez, apoyaría a las organizaciones que trabajan para oponerse a la nueva ley.

Disney tiene un estatus especial, concedido en 1967, para llevar a cabo ciertas funciones municipales por su cuenta, como la recaudación de impuestos y la prestación de servicios de emergencia. Tiene el control de más de 10 hectáreas en el Reedy Creek Improvement District de Orlando, donde se le permite construir nuevos proyectos sin pasar por los canales burocráticos. Ahora, con la nueva ley de DeSantis, se crearía una deuda de USD $2.000 millones para los contribuyentes de la zona de Orlando, unos USD $2.200 por familia.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?