España regularizará a 500.000 personas que ya viven en el país, otorgándoles derechos, permisos de trabajo y libertad

España ha dado un paso histórico al aprobar una regularización extraordinaria para aproximadamente 500.000 personas que viven en situación irregular en el país. La medida permitirá que esas personas puedan obtener permisos de residencia con derecho a trabajar en cualquier sector y circular libremente, además de acceder a derechos básicos como la atención sanitaria y seguridad jurídica desde el momento en que presenten su solicitud.

Así lo explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien describió la medida como un reconocimiento de la dignidad y la contribución de quienes ya forman parte de la sociedad española. Saiz afirmó que “lo que estamos haciendo es reconocer y dignificar, dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país” durante una rueda de prensa tras la aprobación del decreto de regularización.

La mayoría de las personas que se beneficiarán de esta regularización proceden de América Latina, donde las redes migratorias hacia España han estado activas durante décadas. Según estimaciones de centros de análisis demográfico, aproximadamente el setenta por ciento de las personas en situación irregular en España provienen de Sudamérica, con un alto porcentaje originario de Colombia, Perú y Honduras, lo que sitúa a la comunidad latinoamericana como la más afectada por la medida y, a la vez, la más beneficiada en términos de acceso a derechos y trabajo formal.

El Principado de Asturias ha valorado muy positivamente la decisión del Gobierno central, señalando que “hay dos palabras que definen la decisión: solidaridad y dignidad. Las dos, por cierto, presentes en la identidad de Asturias”. La medida ha sido celebrada por organizaciones sociales y de derechos humanos como un paso necesario para acabar con la precariedad y la exclusión que enfrentan muchas personas migrantes, con voces como la de ACCEM señalando que “regularizar tu situación es lo que te permite vivir una vida normal y digna” y que este cambio abre acceso a empleo legal y derechos fundamentales.

Además, medios internacionales como The New York Times han resaltado que España va “en contra de una tendencia global” al ofrecer este reconocimiento legal frente a políticas migratorias más restrictivas en gran parte del mundo, describiendo al país como “un faro para los inmigrantes” dentro de Europa.

Para acceder a esta medida, las personas deben haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar una estancia continuada de al menos cinco meses. También es necesario no tener antecedentes penales ni suponer una amenaza al orden público. Los solicitantes deben demostrar vínculos con la vida económica o social del país, ya sea mediante empleo formal o informal, empadronamiento u otra documentación que pruebe su permanencia y contribución. El período para presentar solicitudes está previsto desde principios de abril hasta el 30 de junio de 2026, lo que permitirá que quienes cumplan los criterios inicien los trámites una vez que el decreto entre en vigor.

Los beneficiarios se concentran principalmente en sectores como la agricultura, los cuidados, la hostelería y la construcción, donde a menudo trabajaban de manera informal. Según estimaciones oficiales, entre 700.000 y 900.000 personas viven en España en situación administrativa irregular. Estudios de organizaciones sociales señalan que la regularización contribuye a aumentar la recaudación fiscal, mejorar condiciones laborales y reducir la vulnerabilidad social sin generar un efecto llamada significativo.

Pese a ello, sectores de la derecha y de la extrema derecha han reaccionado con un discurso alarmista. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha calificado la regularización de un intento de alterar el censo, aunque los permisos no otorgan derecho de voto inmediato ni cambian la estructura social del país. Para poder votar en elecciones presidenciales o generales, las personas deben tener la nacionalidad española, por lo que los permisos de residencia concedidos por esta regularización no implican participación política directa en estos comicios. Santiago Abascal, líder de Vox, escribió que 500.000 personas sin papeles no deberían recibir beneficios y acusó al Gobierno de favorecer un efecto llamada.

Lo cierto es que procesos de regularización extraordinaria han sido aplicados también por gobiernos del PP en el pasado, como durante la etapa del presidente José María Aznar, cuando se regularizó a más de medio millón de personas en dos rondas entre 2000 y 2001. Analistas recuerdan que desde los años ochenta, gobiernos tanto del PSOE como del PP han recurrido a estas regularizaciones para ordenar realidades migratorias existentes, aunque políticamente complicadas.

Ninguno de los argumentos de los críticos se sostiene en los datos. La regularización permite a cientos de miles de personas que ya estaban entre nosotros trabajar con contratos legales, acceder a derechos básicos y participar plenamente en la sociedad. Esta medida no divide a España, sino que reconoce y ordena una realidad que ya existía. Integrar a estas personas contribuye a fortalecer la economía, la cohesión social y la protección de derechos laborales.

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