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España propone ley que prohíbe los servicios de atención al cliente automatizados

La propuesta, que incluye otras medidas relacionadas como limitar el tiempo de respuesta a la llamada a un máximo de tres minutos, fue hecha por el Ministerio de Consumo. Fotografía: Mobile Corp
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En un intento por librar a los consumidores de tener que lidiar con las universalmente odiadas voces automatizadas por teléfono, el gobierno español presentó un proyecto de ley que obligará a las empresas a que haya una persona real atendiendo en los servicios de atención al cliente. La propuesta, que incluye otras medidas relacionadas como limitar el tiempo de respuesta a la llamada a un máximo de tres minutos, fue hecha por el Ministerio de Consumo y respaldada por la coalición de izquierda que gobierna el país el pasado noviembre. 

Ahora se necesitará la aprobación del Consejo de Estado español, seguida de la de los diputados, antes de convertirse en ley. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, describió esta situación como “una segunda vuelta”. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo: “Los servicios de atención al cliente provocan con demasiada frecuencia interminables dolores de cabeza a las familias españolas, porque demasiadas empresas crean laberintos burocráticos para impedir que se ejerza el derecho al servicio”.

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Agregó que estas dificultades “suponen además un enorme gasto de energía, tiempo y dinero para las familias, [con] la resignación de muchas de ellas de renunciar a sus derechos”.

Los proveedores de servicios básicos, como los de electricidad, teléfono e internet, tendrían que ofrecer un servicio de atención al cliente las 24 horas del día, los 365 días del año. Todas las demás empresas estarían obligadas a ofrecer un servicio de atención al cliente durante el horario laboral normal. Además, todas las reclamaciones de los clientes tendrán que ser respondidas en un plazo de 15 días, con una disposición que permitirá a cada comunidad autónoma española reducir aún más ese plazo si así lo decide.

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La ley se aplicaría a todos los proveedores de servicios públicos, independientemente de su tamaño, y a todas las demás empresas con más de 250 trabajadores o cuya facturación supere los EUR €50 millones al año. Las multas por incumplimiento de la ley oscilarían entre EUR €150 y EUR €100.000.

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