El ministerio español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ordenó a la plataforma Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios de apartamentos turísticos ilegales en la nación europea. Esta medida, anunciada el 19 de mayo de 2025, responde a que dichos anuncios incumplen normativas autonómicas y estatales sobre viviendas de uso turístico en comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco. La acción se basa en que los anuncios corresponden a viviendas completas y no a habitaciones individuales, y se consideran ilícitos por vulnerar la legislación vigente.

Durante los últimos meses, el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy envió tres resoluciones a Airbnb, reclamando la retirada de estos anuncios. La plataforma recurrió ante la Justicia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó la primera resolución y ordenó la eliminación inmediata de una primera tanda de 5.800 anuncios. Este auto judicial avala las actuaciones de Consumo y marca un precedente para la retirada progresiva del resto de anuncios ilegales detectados.

El gobierno español está enfrentando una crisis por el alto costo de la vivienda, lo que ha provocado protestas masivas debido al aumento de alquileres, atribuido en parte a la proliferación de plataformas como Airbnb en ciudades turísticas como Madrid y Barcelona, llevando a las autoridades a implementar medidas para regular los alquileres turísticos a corto plazo. Las principales irregularidades detectadas en los anuncios incluyen la ausencia del número de licencia o registro obligatorio en varias normativas autonómicas, la falta de transparencia sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y la inclusión de números de licencia falsos o no expedidos por las autoridades competentes.

El Ministerio mantiene abierto un expediente sancionador contra Airbnb, tras la negativa inicial de la plataforma a eliminar miles de anuncios sin licencia. Desde el organismo se considera que esta negativa podría perjudicar los intereses generales de los usuarios. Por su parte, Airbnb ha expresado su desacuerdo con la medida, afirmando que siempre solicita a los anfitriones que confirmen los permisos necesarios para operar.

Además, en marzo pasado, el Ministerio remitió al Ayuntamiento de Madrid un listado con más de 15.200 pisos turísticos que operan presuntamente de forma ilegal en la ciudad, solicitando al alcalde José Luis Martínez Almeida que tome medidas para cesar estas actividades y aplicar sanciones correspondientes. Esta acción complementa la estrategia del Gobierno para controlar el mercado de alquiler turístico y proteger la normativa local, regulando en especial las zonas con alta presión turística, y garantizar que las plataformas digitales cumplan con las normativas vigentes.

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