Esta semana se suscitó en Chile un escándalo sobre el millonario sueldo pagado a Marcela Cubillos, abogada y política chilena, tras saberse que la exministra de Educación y Medio Ambiente percibía CLP $17 millones mensuales (unos USD $223.000 al año) en la Universidad San Sebastián (USS). La situación salió a la luz gracias a un reportaje del medio El Mostrador, que destacó las irregularidades en su contrato, el cual se mantuvo vigente incluso durante su residencia en Madrid, donde acompañaba a su pareja, Andrés Allamand, líder de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Incluso un reportaje destacó que su salario era 21% superior al que se paga en la Universidad de Harvard.

Como se imaginan, la denuncia ha suscitado críticas sobre la legitimidad de tales ingresos en una institución educativa que recibe financiamiento estatal, lo que ha llevado a cuestionar el uso de recursos públicos y la ética en el manejo de salarios dentro del sector académico. En consecuencia, las autoridades y el gobierno han reaccionado ante esta controversia: el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia ante la Superintendencia de Educación Superior, argumentando que es inaceptable que una persona reciba un salario tan elevado por un trabajo que no parece justificar. Además, se solicitó a la USS que explique las circunstancias de este contrato y su relación con el financiamiento estatal.

En Chile, aunque a la izquierda no le guste, aún hay libertad de trabajo y de contratación pic.twitter.com/4XrFkgjkB4

— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) September 24, 2024

En medio de esta presión, Cubillos ha defendido su posición, afirmando que siempre fue bien evaluada por sus estudiantes y que su trabajo académico incluye la publicación de varios libros. “En Chile hay libertad de trabajo, de contratación y yo no sé qué pretende la izquierda, si la próxima vez que yo trabaje en el mundo privado le tenga que pedir permiso a ellos para que me fijen el sueldo”, dijo en sus redes sociales. Pero las críticas persisten, en especial porque la Universidad San Sebastián ha sido objeto de escrutinio por su creciente matrícula y las utilidades generadas en los últimos años. Desde 2005, la matrícula ha aumentado significativamente, recibiendo más de CLP $820.000 millones en recursos del Crédito con Aval del Estado (CAE), y reportó utilidades superiores a CLP $112.000 millones entre 2016 y 2023, mientras muchos estudiantes deben endeudarse durante muchos años para pagar la educación en la nación sudamericana.

Tras saberse el sueldo de Cubillos, la USS está siendo vista por algunos como una “caja pagadora” para políticos vinculados al sector de la derecha, lo que preocupa a muchos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en estas instituciones. Desde el mundo político, un grupo de diputados del Partido Socialista (PS) anunció la creación de una comisión investigadora para indagar el millonario sueldo que recibió Cubillos como docente (desde 2020 hasta agosto de 2024). El diputado Juan Santana tildó la situación de “una sinvergüenzura”, apuntando a que “para financiar el sueldo millonario de Marcela Cubillos y de otros dirigentes de la UDI, lo que hacen es utilizar la desregulación para cobrar aranceles carísimos, estos son cubiertos con recursos del Estado a través de becas o del CAE”.

Los 17 millones de Cubillos.

Conformaremos Comisión Investigadora y solicitamos la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior para conocer todo lo que esconde el millonario sueldo de Marcela Cubillos en la USS.

Los estudiantes se endeudan, ellos se enriquecen. pic.twitter.com/9s42yQpl5s

— Diputado Juan Santana (@Juan_SantanaC) September 24, 2024

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Emilia Schneider, dijo que “hay miles de familias de esfuerzo que han confiado en la USS para que sus hijos e hijas se eduquen ahí y mientras, vemos que algunos de ellos (sus académicos) eligen llenarse los bolsillos a costa de las y los estudiantes”. Agregó que “esto es francamente inaceptable, y no es un asunto entre privados, estamos hablando de una casa de estudios que se financia casi en la mitad por recursos públicos, provenientes sobre todo del Crédito con Aval del Estado (CAE)”, advirtió la diputada. Tras lo sucedido, el Ministerio Público abrió una investigación en contra de Cubillos que buscará aclarar la existencia o no de eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho y financiamiento irregular de la política, entre otros.

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