El Tribunal Supremo de Justicia venezolano da el visto bueno al fraude electoral de Maduro
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, ratificó este jueves la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, sellando el respaldo institucional al oficialismo mientras la disputada contienda se desvanece de los titulares internacionales y la oposición sigue calificándola como un fraude.
“Esta sala declara, sobre la base del peritaje realizado, y con fundamento en el informe elaborado por los expertos nacionales e internacionales, de manera inobjetable, la validez del material electoral peritado y convalida los resultados de la elección presidencial”, dijo la presidenta del Tribunal, Caryslia Rodríguez, quien también es exdiputada del PSUV, el partido oficialista. Rodríguez añadió que la decisión no puede ser apelada.
Edmundo González, el excandidato presidencial de la oposición, reaccionó ante el pronunciamiento de esta tarde, escribiendo en su cuenta de X/Twitter que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad.” Como ya sabemos, la oposición venezolana ha publicado en Internet lo que dice que son el 83% de los recuentos de las máquinas de votación, que dan a su candidato Edmundo González un amplio apoyo del 67%.
La decisión del TSJ no es en absoluto inesperada, pues su independencia e imparcialidad son cuestionadas debido a los vínculos de sus miembros con el Gobierno de Venezuela. Unas horas antes de conocerse el resultado de la auditoría del organismo, González había advertido que el país sudamericano y el mundo ya conocen la parcialidad de los jueces del TSJ y, por tanto, su “incapacidad de resolver el conflicto”. De hecho, el Consejo de DDHH de la ONU publicó un mensaje en X/Twitter donde declaró tanto al Consejo Nacional Electoral de Venezuela como al TSJ como instituciones que carecen de imparcialidad e independencia.
Desde la votación de finales del mes de julio y las mortales protestas antigubernamentales que la siguieron, la administración de Maduro ha llevado a cabo lo que la oposición, grupos de derechos humanos y sindicatos han caracterizado como una represión de la disidencia. Las acciones han incluido detenciones de figuras de la oposición y manifestantes, una investigación a líderes de la oposición por supuesta incitación a la comisión de delitos por parte de los militares, la aprobación de una ley que endurece las normas sobre las ONG y la dimisión forzosa de empleados del Estado que supuestamente defienden opiniones favorables a la oposición.
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