El Parlamento de El Salvador aprobó temporalmente el estado de excepción que suspende temporalmente algunas protecciones constitucionales en el país centroamericano tras una ola de asesinatos atribuidos a las bandas criminales. La policía informó de un total de 62 homicidios el sábado, convirtiéndolo en el día más violento en la nación centroamericana en casi tres décadas. “Aprobamos el régimen de excepción, que permitirá a nuestro gobierno proteger la vida de los salvadoreños y enfrentar la criminalidad de manera frontal”, dijo Ernesto Castro, presidente del congreso, tras una sesión extraordinaria en la madrugada del domingo.

Las medidas de emergencia conllevarán restricciones a la libertad de reunión. También restringirá el derecho a que las personas sean informadas del motivo de su detención y a tener acceso a un abogado en el momento de ser detenido, además de permitir la detención administrativa de más de 72 horas. El presidente Nayib Bukele, que pidió al Parlamento que aprobara las medidas de emergencia, elogió la medida tras la votación. “Las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas solo cuando sea necesario. Para la inmensa mayoría de personas, la vida continúa normal”, escribió en Twitter.

Las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas solo cuándo sea necesario.

Para la inmensa mayoría de personas, la vida continúa normal.

Dios nos bendiga a todos.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 27, 2022

Bukele también dijo que estaba ordenando al director de las prisiones del país que llevara a cabo un encierro inmediato de los reclusos de las bandas en sus celdas las 24 horas del día. El presidente también dijo que se racionalizaría la alimentación diciendo que “no quitará presupuesto a las escuelas para alimentar a estos terroristas”. El ministro de Justicia y director general de Centros Penales, Osiris Luna, confirmó la orden añadiendo en Twitter que: “Tendrán 2 horarios de comida al día y se revisará el menú para que sea menos costoso en las cárceles de Máxima y Seguridad”.

Las cifras muestran que la tasa de homicidios ha disminuido constantemente desde que el presidente Bukele asumió el cargo en 2019. Pero los críticos dicen que la administración de Bukele ha estado marcada por el retroceso democrático, ya que ha tratado de consolidar su control sobre los poderes legislativo y judicial. Su gobierno también ha sido acusado de negociar un pacto con las dos principales bandas, ofreciendo a los pandilleros mejores condiciones carcelarias, dinero y otros beneficios a cambio de que reduzcan las tasas de homicidio y den apoyo electoral al partido de Bukele en las elecciones legislativas. El presidente ha negado repetidamente estas acusaciones.

El país registró 1.140 asesinatos en 2021, una media de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, pero todavía considerablemente menor desde el final de la guerra civil en 1992. En 2015, El Salvador, donde viven unos 6,5 millones de personas, registró una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

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