Los legisladores de Uganda aprobaron el martes uno de los proyectos de ley anti-LGBTQI+ más estrictos del mundo, tras una enmienda que suavizó algunas de las disposiciones originales, sin embargo, la legislación permite la pena de muerte en casos de la llamada “homosexualidad agravada”.

El Presidente Yoweri Museveni, un firme opositor a los derechos de la comunidad LGBTQI+, había pedido que se suavizaran algunas disposiciones de la legislación original. A petición suya, los políticos modificaron la ley para aclarar que identificarse como gay no estaría penalizado, pero “participar en actos de homosexualidad” podría castigarse con cadena perpetua. Museveni también pidió que el proyecto de ley incluyera una forma de facilitar la llamada “rehabilitación” de las personas que afirmen que no volverán a mantener relaciones físicas con personas del mismo sexo, legalizando de esta manera las mal llamadas “terapias de conversión”.

Museveni había instado a los legisladores a suprimir una disposición que convierte la “homosexualidad agravada” en delito capital, pero éstos rechazaron la medida. Esto significa que las personas declaradas culpables de reincidencia podrían ser ejecutadas. El término también describe acciones que incluyen mantener relaciones homosexuales siendo seropositivo. El proyecto anterior también obligaba a los ugandeses a denunciar a la policía cualquier sospecha de actividad sexual entre personas del mismo sexo, so pena de seis meses de cárcel.

Ahora, la obligación de denunciar solo se aplica a los presuntos delitos sexuales contra menores y personas vulnerables, con una pena de cinco años de prisión. La legislación incluye posibles penas de cárcel de hasta 20 años por “promover” las relaciones entre personas del mismo sexo y prohibiciones de 10 años para las organizaciones declaradas culpables de fomentarlas. Los activistas afirman que la ley criminalizaría cualquier defensa de los derechos de los ciudadanos lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

La homosexualidad se penalizó por primera vez en Uganda con leyes de la época colonial británica. Sin embargo, nunca se ha producido una condena por relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo desde que el país obtuvo la independencia en 1962. La legislación antigay goza de un amplio apoyo público en Uganda, con una oposición silenciada tras años de gobierno cada vez más autoritario de Museveni. Sus partidarios argumentan que los valores familiares tradicionales del país están “amenazados”.

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