El gobierno de Javier Milei en Argentina anunció recientemente su intención de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, una decisión que ha generado un intenso debate sobre los derechos de las mujeres en el país. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, argumentó que esta medida busca promover la igualdad ante la ley, afirmando que “ninguna vida vale más que otra”, una creencia de que el femicidio, definido como el asesinato de una mujer por razones de género, implica un trato desigual que favorece a las mujeres sobre los hombres.

La figura del femicidio fue incorporada al Código Penal argentino en 2012 como un agravante para los homicidios perpetrados contra mujeres en contextos de violencia de género, con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Según estadísticas recientes, Argentina registró 295 femicidios en 2024, lo que subraya la persistente violencia contra las mujeres en el país. 

Críticos de la propuesta, como Mariela Belski de Amnistía Argentina, han expresado su preocupación por el hecho de que eliminar esta categoría legal podría aumentar el riesgo para las mujeres y niñas, ya que muchas son asesinadas por sus parejas o familiares.

En varias oportunidades, Milei ha manifestado su oposición al feminismo y a las políticas de diversidad, considerándolas “distorsiones” del concepto de igualdad. En un discurso reciente en el Foro Económico Mundial en Davos, afirmó que la noción de femicidio crea una “jerarquía” entre las vidas de hombres y mujeres, lo cual considera “inaceptable”. Este discurso se alinea con sus acciones desde que asumió la presidencia, incluyendo la disolución del Ministerio de Mujeres y la reducción de programas destinados a apoyar a víctimas de violencia de género.

Organizaciones feministas han reaccionado con indignación ante los planes del gobierno. Soledad Deza, presidenta de la organización Mujeres x Mujeres, calificó estas medidas como un reflejo del “misoginia” prometida durante la campaña electoral de Milei. La eliminación de leyes como la Ley de Micaela, que establece capacitación obligatoria en temas de género para empleados públicos, también se encuentra entre los objetivos del gobierno. 

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