El asalto al Congreso de Estados Unidos sigue generando tela que cortar, en medio de las investigaciones para determinar la responsabilidad de quienes organizaron la revuelta el día en el que la Cámara de Representantes certificó los votos del Colegio Electoral que le otorgaron la victoria a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos.

Precisamente ya esta semana vimos cómo Donald Trump se convirtió en el primer presidente del país en ser llevado a juicio político en dos oportunidades, esta última por “incitación a la insurrección” por los hechos acaecidos en el Congreso. Precisamente, los fiscales de EE.UU. ahora creen que los partidarios del presidente Trump planeaban “capturar y asesinar a los funcionarios electos” en su asedio al edificio del Capitolio la semana pasada, según un nuevo expediente judicial.

El expediente, presentado por los abogados del Departamento de Justicia este jueves, buscaba la detención de Jacob Chansley de Arizona, el teórico de la conspiración de QAnon que fue fotografiado con cuernos de pie en el escritorio del Vicepresidente Mike Pence en la cámara del Senado de los Estados Unidos, según reseña Aljazeera.

“Fuertes pruebas, incluyendo las propias palabras y acciones de Chansley en el Capitolio, apoyan que la intención de los alborotadores del Capitolio era capturar y asesinar a los funcionarios electos del gobierno de los Estados Unidos”.

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El memorando de detención, escrito por los abogados del Departamento de Justicia de Arizona, profundiza en la investigación del FBI sobre Chansley, revelando que dejó una nota a Pence advirtiéndole que “es sólo cuestión de tiempo, la justicia está llegando”. En el caso de Chansley, los fiscales dijeron que los cargos “implican la participación activa en una insurrección que intenta derrocar violentamente al gobierno de los Estados Unidos”, y advirtieron que “la insurrección sigue en curso” mientras las fuerzas del orden se preparan para más manifestaciones en Washington, D.C. y en las capitales de los estados.

La evaluación de los fiscales llega cuando ellos y los agentes federales comenzaron a presentar cargos más graves relacionados con la violencia en el Capitolio, entre los que se incluyen los casos revelados el jueves contra un hombre, el bombero retirado Robert Sanford, acusado de lanzar un extintor de incendios a la cabeza de un policía y otro, Peter Stager, de golpear a otro oficial con un palo que llevaba una bandera estadounidense.

Muchas de las personas acusadas hasta ahora fueron fácilmente localizadas por el FBI, que tiene más de 200 sospechosos, gracias en gran parte a los videos y fotos publicadas en las redes sociales.

La visión de los oficiales de la policía sobre los hechos

Oficiales de la Policía de Washington que estuvieron en el lugar de los acontecimientos durante el asalto al Capitolio, compararon el suceso con una batalla medieval de bárbaros en la que temieron por su vida tras ser atacados y golpeados violentamente por los partidarios del presidente Trump.

“No estábamos luchando contra 50 ó 60 alborotadores (…) Estábamos luchando contra 15.000 personas. Parecía una escena de una batalla medieval”, dijo Michael Fanone en unas declaraciones recogidas por el diario The Washington Post. Fanone apenas sobrevivió a esa batalla, debido a que un alborotador agarró su casco y lo arrastró por las escaleras, donde una multitud se agrupó sobre él, atacando a Fanone y a otro oficial con tubos de metal y un asta de bandera entre cánticos de “USA”.

Según el oficial Robert Glover, los atacantes actuaban de forma militar y los golpearon con bates, palos y hasta extintores. Bajo el mando de Glover, otro de los agentes, Ramay Kyle, relató que llegó a estar seguro de que iban a ser “invadidos” por la multitud, lo que le llevó a retroceder posiciones. “Era casi imposible respirar” después de que los asaltantes lanzaran granadas de humo y gases tóxicos, según Kyle, quien aseguró a The Washington Post que “todos creíamos que estábamos luchando por nuestras vidas”.

Los 3.800 miembros de la policía de D.C., responsables de proteger las calles de la ciudad, no los edificios federales, pidieron a las jurisdicciones vecinas que se pusieran en fila para ayudar si era necesario. El alcalde pidió a la Guardia Nacional de D.C. que ayudara con el control del tráfico, liberando a los oficiales para tareas más urgentes.

Pero no se estaban haciendo tales preparativos en el edificio del Capitolio, un objetivo principal en los anuncios de las redes sociales que llamaban a una insurrección armada. El Capitolio tiene su propia fuerza policial de 2.100 miembros controlada por el Congreso. Su jefe de policía en ese momento, Steven Sund, que renunció después de los disturbios, dijo que comenzó a preocuparse el 4 de enero y que sus peticiones de alistar a la Guardia se frustraron repetidamente hasta que el Capitolio ya había sido invadido.

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