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Perspectives

Colombia: Fiscalía acusa de tortura y homicidio a los policías responsables de la muerte de Javier Ordóñez

Javier Ordóñez. Fotografía: Confidencial Colombia
Words Carlos Turmero

La muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial en Bogotá fue la noticia que nuevamente hizo visible la brutalidad policial como un problema en América Latina, que además detonó la ira y la indignación de los colombianos contra la fuerza pública. Después de las múltiples protestas, pacíficas y violentas, que dejaron al menos 13 personas muertas la semana pasada en la capital colombiana y el vecino municipio de Soacha, las autoridades capturaron este jueves a los dos uniformados que detuvieron a Ordóñez, lo sometieron a continuas descargas eléctricas y después lo llevaron a un Comando de Acción Inmediata (CAI) donde fue golpeado antes de llegar sin signos vitales a una clínica cercana.

La fiscalía anunció en la mañana de este viernes que imputará a los oficiales Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por los delitos de tortura y homicidio agravado. La Procuraduría ya había citado a los acusados a juicio disciplinario por acto arbitrario e injusto y homicidio, la justicia penal militar había renunciado a llevar el caso al considerar que no corresponde a un acto de servicio y la fiscalía desde un primer momento decidió convertirlo en una prioridad. El Ministerio de Defensa también suspendió a otros cinco uniformados para investigar si tuvieron responsabilidad “por acción u omisión”.

Colombia protesta ante la brutalidad policial tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez

El informe preliminar del Instituto Nacional de Medicina Legal, reveló que Javier Ordóñez, presentaba nueve fracturas en el cráneo. Estas lesiones y un contundente golpe en la cabeza habrían causado la muerte de Ordóñez, todo esto propiciado por los agentes de seguridad.

“Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución”, señaló el propio ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, durante un debate en el Congreso en el que reiteró su disculpas públicas por las actuaciones de los agentes en ese episodio. Sin embargo, el gobierno se mantiene firme en su posición de defensa de la policía como una institución que vela por la seguridad en las manifestaciones, asegurando que la responsabilidad de los crímenes perpetrados por uniformados en esas jornadas debe ser individualizada.

En las 48 horas de caos y disturbios posteriores a la muerte de Ordóñez, que tuvieron como principal blanco los CAI de Bogotá, la alcaldía documentó 119 denuncias de abuso policial. De acuerdo con El País, la alcaldesa, Claudia López, entregó al presidente Iván Duque y al procurador, Fernando Carrillo, videos como evidencia de que varios policías dispararon indiscriminadamente contra los ciudadanos. El Ejecutivo, asegura que organizaciones criminales se infiltran en las protestas para generar el caos, resaltando el vandalismo contra más de medio centenar de instalaciones policiales y las lesiones de dos centenares de uniformados.

Se espera que en los próximos días se dicte sentencia para los agentes de seguridad responsables de la muerte de Javier Ordóñez, respondiendo así al llamado hecho por sus familiares quienes le exigieron a las autoridades justicia por este caso.

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