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Perspectives

Chile: ¿En qué consiste el proyecto de ley “Justicia Para Antonia” y por qué es calificado como polémico?

El nuevo proyecto de ley busca mininizar la revictimización, aumentar las penas y asegurar la prosión preventiva para acusados de violación. Fotografía: Caraota Digital
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El caso Antonia Barra ha generado algunas controversias los últimos días: el Juzgado de Garantía de Temuco le dio casa por cárcel a Martín Pradenas, acusado de abuso sexual y violación contra Barra, la joven que se suicidó en 2019, así como contra otras cuatro mujeres, lo que generó diversas protestas en los alrededores de la casa de Pradenas, que estuvo bajo protección policial antes de que la Corte de Apelaciones de Temuco revocara las medidas cautelares impuestas contra Pradenas, que decretó prisión preventiva contra el acusado por considerar su libertad un peligro para la sociedad.

Días después de todo esto, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley llamado “Justicia Para Antonia”, que busca aumentar las penas para los responsables de violencia de género y potenciar la ayuda a las mujeres que sufren de ataques de distinta índole en el país, promoviendo su protección. La iniciativa, liderada por las diputadas Maite Orsini (RD), Marcela Sabat (RN), Gael Yeomans (CS), Paulina Núñez (RN) y los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Marcelo Díaz (Unir) buscan modificar varios aspectos de la actual normativa “con el fin de proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales, brindándole apoyo estatal para que conozcan y puedan ejercer adecuadamente sus derechos, protegiendo su integridad y privacidad en la investigación y el proceso penal, evitando su revictimización y, en definitiva, garantizando su derecho a una vida libre de violencia”.

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Los diputados contaron con el apoyo de la familia Barra, incluyendo a Alejandro Barra, padre de Antonia, quien valoró el proyecto de ley indicando que “hemos aportado con nuestra experiencia en nuestro caso y se van a incluir algunos proyectos que estaban en el tintero”.

¿Qué propone el proyecto de ley?

La propuesta de los diputados harían un cambio en el Código Penal actual de Chile, contemplando las siguientes modificaciones:

  • Las acciones penales derivadas de los delitos contemplados prescribirán en el plazo de 10 años considerando el daño psicológico que genera en las víctimas
  • Agregar al proyecto la indicación: “El que, con conocimiento de la vulnerabilidad física o psíquica, o valiéndose de otras características o circunstancias análogas, indujera a otra persona al suicidio resultando su muerte, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo”
  • Solicitar la realización de entrevistas grabadas en video de acuerdo al procedimiento establecido en la ley 21.057, con la finalidad de evitar la revictimización
  • Medidas especiales para proteger a las víctimas en medio de un juicio: suprimir de las actas de audiencias datos personales, prohibir la entrega de información de la identidad de la víctima, impedir el acceso general a las audiencias, que medios de combinación no tengan acceso a la sala
  • Actualmente la disposición legal del artículo 149 del Código Procesal Penal que permite la apelación verbal de la prisión preventiva, no incluye todos los delitos sexuales, inhibiendo al ente persecutor de utilizar dicha facultad ante la presencia del delito de abuso sexual y estupro. Se propone modificar el artículo 149 otorgando la posibilidad al Ministerio Público de apelar verbalmente en todos los delitos sexuales.
  • Capacitación y formación de las y los jueces, materias relacionadas con las perspectivas de género en el proceso penal, que eviten la revictimización, los estereotipos y fomenten una protección especial de las víctimas de violencia de género

¿Por qué es vista como una propuesta polémica?

En una entrevista con El Dínamo, Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actual académico de la Universidad Central, explica que hay varios puntos de la propuesta que deben ser analizados detalladamente, como la aplicación de la prisión preventiva en todos los casos de agresión sexual.

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“Una persona no es culpable hasta el momento que es condenada, por lo tanto la prisión preventiva — siempre excepcional — tiene que ser decretada luego de un análisis particular de las circunstancias, los hechos y los riesgos que se pueden generar si esa persona está en libertad mientras esté en marcha la investigación”, dice, afirmando que este principio tiene consagración constitucional, en los tratados internacionales a los que Chile está obligado, y particularmente en estas circunstancias, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969. “Restringir esa libertad que tiene el juez para ponderar los hechos, en el caso particular, a mí me parece altamente riesgoso”, afirmó.

En cuanto a la capacitación en materia de género a jueces, expresó que “habría que ver de qué manera eso se lleva a la ley, o si es posible hacerlo a través de la propia normativa existente por vías distintas a la necesidad de una ley. El hecho es sí es interesante y digno de revisar”.

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Por su parte, Carolina Sepúlveda, subdirectora de Derecho Penal de la ONG Abofem afirmó que “el enfoque que se ha dado al proyecto ‘Justicia para Antonia’ ahora es el correcto, porque se dirige a un camino de medidas más preventivas y de protección de la víctima antes que medidas solamente punitivas”.

Sin embargo, destacó que había que entender que “la violencia sexual y la violencia contra la mujer, en general, es una cuestión que no va a terminar simplemente por aumentar las penas asociadas a estos delitos. De lo que se trata acá es permitir que las mujeres que sean víctimas de estos delitos puedan tener un acceso real a la justicia, reparación y protección”, agregó. 

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