Un día después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran el Congreso de Brasil, las autoridades del Tribunal Supremo y del palacio presidencial iniciaron una investigación y dignatarios y líderes mundiales condenaron lo sucedido. Los manifestantes, que saquearon los edificios gubernamentales en la capital, Brasilia, parecían buscar una intervención militar para restaurar al ultraderechista Bolsonaro en el poder o desbancar a su recién investido rival izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula derrotó por un estrecho margen a Bolsonaro en las elecciones generales celebradas en octubre, y Bolsonaro denunció fraude electoral pese a que no ha aparecido ninguna prueba que respalde estas acusaciones.

En escenas de caos y destrucción que recuerdan a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, los alborotadores vestidos con el verde y el amarillo de la bandera nacional de Brasil rompieron el domingo las barricadas policiales y lograron entrar en los edificios. Una vez dentro, rompieron ventanas, derribaron muebles y tiraron ordenadores al suelo, además de robar armas y datos de inteligencia del palacio presidencial. En el Tribunal Supremo, volcaron la mesa en forma de U donde se reúnen los jueces, arrancaron las puertas de los despachos y destrozaron una estatua icónica en el exterior del tribunal. Los edificios estaban prácticamente vacíos en ese momento, y Lula se encontraba de viaje oficial en Sao Paulo. “Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados”, escribió en Twitter. “Democracia siempre”, añadió el mandatario.

Vocês devem ter acompanhado a barbárie em Brasília hoje. Aquelas pessoas que chamamos de fascistas, o que há de mais abominável na política, invadiram a sede do palácio e o Congresso. Achamos que houve falta de segurança.

— Lula (@LulaOficial) January 8, 2023

En una conferencia de prensa celebrada a última hora del domingo, las autoridades afirmaron que se estaba abriendo una investigación sobre lo sucedido: dijeron que inspeccionarían los edificios en busca de pruebas, incluidas huellas dactilares e imágenes, para exigir responsabilidades, ya que al parecer los alborotadores pretendían desencadenar acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, declaró que los actos constituían terrorismo y golpismo, y que las autoridades habían empezado a rastrear a quienes pagaron los autobuses que transportaron a los manifestantes a la capital. Hasta el lunes por la mañana, al menos 1200 personas habían sido detenidas, y los funcionarios de seguridad comenzaron a desalojar a miles de partidarios de Bolsonaro que se han negado a aceptar los resultados de las elecciones de octubre y han estado viviendo en campamentos fuera de los edificios del ejército repartidos por todo el país.

Desde Florida, Bolsonaro reaccionó con una declaración sencilla: “Las manifestaciones pacíficas y conformes a la ley forman parte de la democracia. Sin embargo, depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas en el día de hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la norma”. El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de “verdaderos terroristas”. Rocha despidió al jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro. Sin embargo, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenó a Rocha apartarse por 90 días de su cargo. La Abogacía General de la Unión (AGU) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) ordenar el arresto de Torres y “otros agentes públicos responsables por acciones u omisiones”, según varios medios locales.

Manifestação conjunta dos presidentes dos Poderes da República, assinada na manhã de hoje, em repúdio aos atos golpistas de ontem em Brasília. #EquipeLula pic.twitter.com/p6dOtuh8S6

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— Lula (@LulaOficial) January 9, 2023

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, también decretó la prohibición de manifestaciones hasta el 31 de enero y convocó a alcaldes, gobernadores y generales. Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y los jefes de los poderes Legislativo y Judicial llamaron este lunes a mantener la “serenidad” y “defender la democracia” en paz en un documento conjunto. “El país necesita normalidad, respeto y trabajo para” alcanzar “el progreso y la justicia social”, señala una nota conjunta firmada por Lula, los jefes del Congreso y la presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber.

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