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Perspectives

Bolivia: Un alarmante decreto exime de responsabilidad penal al ejército en medio de denuncias de violaciones de DDHH

Protestas en Bolivia. Foto: El Periódico
Words Michel Narváez

Tras la renuncia de Evo Morales de la presidencia de Bolivia, las manifestaciones en apoyo al mandatario que por 13 años y medio gobernó la nación sin tener que afrontar disturbios similares en las calles, se han intensificado, especialmente cuando el mismo Morales, tras abandonar su cargo, catalogó su escape a México como un “golpe de estado”.

Jeanine Áñez, senadora del congreso de Bolivia, fue nombrada presidenta de dicha nación en un gobierno de facto que ahora, acapara los focos internacionales ya que, el viernes de la semana pasada, firmó un decreto que exime de responsabilidad penal al ejército, violando acuerdos internacionales de derechos humanos.

El Artículo 3 del decreto 4078 establece lo siguiente:

“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. 

Lo que más ha irritado tanto al pueblo boliviano como varios agentes internacionales es que el mismo día que se hizo público el documento, al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de uniformados en un enfrentamiento en una zona donde se produce la hoja de coca, cercana a la ciudad de Cochabamba. Varias manifestaciones se han reportado en diferentes partes del país en rechazo a lo que los bolivianos llaman una “dictadura de facto”.

Cabe resaltar que al menos 23 personas han fallecido en protestas en manos de militares desde la semana pasada — para comparar, en Chile, tras cuatro semanas de protestas y represalias militares, 20 personas han muerto.

Sonia Brito, vocera del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del ex-presidente Morales, aseveró que el derecho firmado por Áñez es ilegal y que lucharán para derogarlo. “Queremos informar de que en el marco de la normativa vamos a presentar un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional para que el decreto se declare inconstitucional”.

Entre tanto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenó el decreto sin medios términos mediante un comunicado, declararon lo siguiente:

“El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”.

José Miguel Vivanco, vocero de Human Rights Watch, pidió que se derogue el decreto de inmediato. “El anunciado decreto supremo 4.078 de Bolivia no se ajusta a los estándares internacionales y en la práctica envía a las fuerzas militares el peligrosísimo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos. Debe ser retirado urgentemente”.

Entre tanto, el gobierno de facto se defiende alegando que los manifestantes instan al vandalismo y que han incurrido en el deterioro de la infraestructura del país. Jerjes Justiniano, ministro interino de la Presidencia, declaró lo siguiente:

“Se ha autorizado para que el Ejército, la fuerza armada de la nación, pueda participar en la defensa de la sociedad. Se ha dicho que este decreto supremo, creemos que de manera distorsionada, evidentemente, se constituye en una licencia para matar de la fuerza armada. Lo que no significa ello”.

Áñez y su equipo acotaron que la prioridad es llamar a elecciones lo más pronto posible, y se esperaba que se supiera la fecha de los comicios antes del fin de semana. No obstante, dicho anuncio nunca ocurrió.

La indignación de los bolivianos se intensificó aún más luego de que Áñez fuese grabada en un festejo días después de que firmara el derecho que, por consiguiente, ha causado la muerte de varios manifestantes.

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