Barcelona se ha convertido en la ciudad más masificada del mundo en términos turísticos, con una densidad que supera los 200.000 visitantes por kilómetro cuadrado en zonas como el barrio Gótico, la Sagrada Familia y la Barceloneta, según un estudio reciente de Nomad eSIM, superando ampliamente a otras ciudades emblemáticas como Nueva York, Roma o París. La avalancha turística, especialmente en verano, genera saturación en el transporte, servicios públicos y espacios públicos, afectando la vida cotidiana de los residentes y provocando malestar social.

Los vecinos de Barcelona expresan un creciente agotamiento ante la masificación. Una habitante del centro histórico comenta que “las calles están llenas. Es un agobio” y recuerda que la ciudad era “perfectamente habitable hace 50 años”, mientras que un estudiante universitario añade que el metro y las calles están colapsados por la cantidad de turistas. ¿Lo peor? Este fenómeno ha provocado un aumento en los precios del alquiler, la desaparición del comercio local y el desplazamiento de los residentes, quienes cada vez evitan ciertas zonas por la saturación y los costos elevados.

Expertos en urbanismo advierten que el turismo en Barcelona ha dejado de ser un motor económico sostenible para convertirse en un problema estructural. Jaime Palomera, codirector del Instituto de Investigación Urbana (IDRA), señala que “es un círculo vicioso. En lugar de alcanzar un tope, sigue y sigue creciendo. Y lo que hace es comerse a otros sectores económicos”. Esta dependencia excesiva del turismo pone en riesgo la diversidad económica y la calidad de vida en la ciudad. Como ya sabemos, ante la situación se han registrado protestas ciudadanas contra el turismo masivo, que incluso han llegado a acciones directas como el uso de pistolas de agua contra turistas en zonas saturadas. 

En paralelo, el Ayuntamiento de Barcelona ha reabierto un conflicto con Airbnb, la plataforma de alquiler vacacional, para exigir que solo se ofrezcan pisos turísticos legales. La ciudad reclama que Airbnb retire anuncios ilegales en un plazo máximo de 48 horas y facilite datos bancarios y de propietarios para mejorar la trazabilidad y combatir el fraude. 

La teniente de alcalde Laia Bonet afirmó que “no podemos aceptar anuncios de un propietario que se llama James Bond o licencias con el número 007″ y advirtió que tomarán acciones legales si no se cumple con estas demandas. Así, el ayuntamiento busca frenar la proliferación de alojamientos turísticos no regulados para proteger el derecho a la vivienda y mejorar la calidad de vida en la ciudad, mientras se prepara para posibles prohibiciones futuras de ciertos alojamientos turísticos.

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