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Perspectives

Argentina: Proyecto de ley para legalizar el aborto será discutido en el Congreso para buscar su aprobación definitiva

Después de un largo recorrido, el aborto legal finalmente podría ser una realidad en Argentina. Fotografía: Reuters
Words Carlos Turmero Reading 6 minutos

Argentina se estaría preparando para dar un paso importante hacia la legalización del aborto luego de que el presidente de la nación, Alberto Fernández, informara que enviará al Congreso el proyecto para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una de las promesas de su campaña electoral.

¿Por qué los hombres que no saben de biología femenina y grupos religiosos tienen poder sobre las leyes anti-aborto?

Según el texto, facilitado este miércoles a la agencia EFE por fuentes oficiales, toda persona gestante tendrá derecho a acceder al aborto en los servicios del sistema de salud, o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde la solicitud, y tendrá el derecho de recibir del personal, entre otros aspectos, información adecuada, trato digno, calidad, privacidad y confidencialidad. “Las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional”, establece el proyecto, que fue anunciado recientemente por el presidente argentino.

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El mandatario explicó su propuesta, señalando que se busca garantizar el acceso a una “salud integral” para las mujeres, por lo que además del derecho a la ILE se creará “el seguro de los 1.000 días, con el objeto de fortalecer la atención integral durante el embarazo y de los hijos e hijas en los primeros años de vida”.

“El debate no es decir sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud de Argentina”.

Las palabras de Fernández generaron una ola de celebraciones en las afueras del Congreso, donde manifestantes se reunieron en el marco de la aprobación del impuesto extraordinario a las grandes fortunas para apoyar el sistema de salud.

El aborto legal, seguro y gratuito es un reclamo de larga data por parte de los colectivos feministas, en contraposición con los grupos “provida” o celestes, que claman por “las dos vidas”, y si bien un proyecto llegó a ser aprobado en 2018 por la Cámara de Diputados durante la gestión de Mauricio Macri, no logró los votos suficientes en el Senado.

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La nueva iniciativa de ley, que responde a una promesa de campaña de Fernández, jefe de Estado desde finales de 2019, se estima que volverá a tener el apoyo necesario en el seno de los diputados, aunque de nuevo se avizoran problemas en la Cámara Alta, debido a que aunque el oficialismo tiene mayoría absoluta, el aborto genera diferencias en el seno de los principales grupos políticos.

Vale la pena recordar que el aborto es legal en Argentina para casos donde está en peligro la vida de la mujer o por violación.

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El aborto para las menores de edad

El proyecto de “Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”, que se espera comience a tratarse próximamente en sesiones extraordinarias, da detalles de cómo se permitiría el acceso a las menores de edad.

Según reseña DW, las jóvenes menores de 13 años podrán acceder a la interrupción del embarazo mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal, mientras que las que tengan entre 13 y 16 “se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. En este sentido, las mayores de 16 años se considera que tienen “plena capacidad por sí para prestar su consentimiento, a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley”. Ahora bien, en cuanto a las personas “con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley”, estas podrán prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa.

El papel de los profesionales de la salud en este tipo de situación

El proyecto de ley señala que los profesionales de salud que deban intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia, para lo cual deberán derivar “de buena fe a la paciente” para que sea atendida por otro profesional en forma “temporánea y oportuna, sin dilaciones”. También adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto y cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.

Uno de los aspectos más importantes del texto es el el que se remarca que no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto, situación que se ha repetido en diversos países, más recientemente en Brasil en donde una niña de 13 años vivió una odisea para que le fuera interrumpido su embarazo.

“El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable”.

Aspecto Penal

En caso de que sea aprobada esta nueva normativa, la persona gestante puede enfrentar una pena de de tres meses a un año en caso de que realice la interrupción del embarazo tras la semana 14 de embarazo, y siempre que no medien las excepciones previstas, aunque podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hagan “excusable” la conducta. Así, quien cause un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años si lo hizo sin consentimiento de la persona gestante, una pena que podrá elevarse hasta 15 años si esto conlleva a la muerte de la embarazada. Mientras que la pena será de tres meses a un año de cárcel si lo hizo con consentimiento de la mujer luego de la semana 14 de gestación. 

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