Una niña argentina de 12 años de edad, quien había expresado su voluntad de interrumpir un embarazo provocado por los abusos sexuales de su padre, fue retenida el fin de semana por un grupo “provida” de la localidad de Santa Fe, y tras ser encontrada, fue puesta bajo el sistema de protección del Estado, de acuerdo con fuentes oficiales. La menor de edad es originaria de la localidad de Garibaldi, a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, y debía haber interrumpido su embarazo el lunes pasado, pero no se presentó al hospital debido a que el fin de semana fue llevada a una casa de la Asociación Civil Grávida, desde donde fue rescatada esta semana.

De acuerdo don las autoridades argentinas, la niña se encuentra junto a su madre en un hospital público de Santa Fe a la espera de que se recupere emocionalmente de lo sucedido para tomar una decisión. Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, dijo que “considerando la gravedad, vulnerabilidad y complejidad que conllevaba el caso” se trabajó de manera interministerial. “Como es de público conocimiento, la niña y su madre, luego de haber sido abordadas por equipos interdisciplinarios de niñez y salud, fueron derivadas inmediatamente al Hospital Iturraspe ante el pedido y consentimiento explícito de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo”, agregó.

En este sentido, quiero destacar q sin una intervención coordinada e inmediata esto no hubiera sido posible y que esta situación expresó un intento por parte de una organización de obstaculizar la preservación de la salud de una niña de 12 años en un alto grado de vulnerabilidad

— Flor Marinaro (@flormarinaro) January 4, 2023

“Desde ese momento, se pusieron a disposición todos los mecanismos estatales previstos para garantizar el cumplimiento de este derecho. En el trayecto fueron interceptadas por una ONG que buscó impedir que el procedimiento se llevara a cabo”, detalló la ministra en su cuenta oficial de Twitter. “A partir de ello, la Secretaría de Niñez solicitó una medida de protección excepcional transitoria y, a pesar de las acciones de esta ONG para evitar su cumplimiento, los equipos estatales de forma inmediata lograron que volvieran a estar contenidas y asistidas”, explicó.

Tal como explica El País, el caso se remonta al 19 de diciembre, cuando la madre de la niña la llevó a una consulta médica donde confirmaron que la menor estaba embarazada y ella le reveló que había sido abusada sexualmente por su padre. El hombre, identificado con las siglas G. M. A., tiene 42 años y fue detenido después de más de una semana prófugo. La fiscalía solicitará su prisión preventiva tras haberlo imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La menor reveló que no quería tener al niño cuando le fue revelado su embarazo, y el 2 de enero se le realizaría el aborto en el hospital Iturraspe de Santa Fe, pero no compareció. Un par de dís después fue encontrada en la Casa Hermanas de Betania, una de las sedes de la organización Grávida. La fiscal a cargo del caso, Alejandra del Río Ayala, informó que la pequeña y su madre fueron captadas por la ONG católica para evitar que la menor pudiera interrumpir su embarazo. Hasta ahora, solo se sabe que participaron de una misa a la que habían sido invitadas, y qu pudo haber sido el momento cuando fueron retenidas.

Seguimos en Campaña por la autonomía, por vidas libres de violencias y por la posibilidad de decidir sobre nuestros proyectos de vida y sobre nuestros cuerpos sin coacciones de ningún tipo.
¡Son niñas, no madres!

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— CampAbortoLegalSantaFe (@CampAbortoLegSF) January 4, 2023

Esta no es la primera vez que Grávida impide un aborto legal: en 2016, una psicóloga de la organización se hizo pasar como miembro de la Secretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe para ganarse la confianza de una niña que quería interrumpir su embarazo y de su madre. A raíz del caso, María Ángeles Guerrero, vocera de la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe, pidió que “se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes”, afirmando que Grávida “no es una ONG de a pie”, sino “una organización que existe en nuestro país desde 1980, con 69 sedes en todo el territorio, con mucho poder económico”, que “se ampara en creencias religiosas para perseguir a las mujeres que quieren abortar por múltiples razones”.

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