El drama de los niños refugiados de Latinoamérica separados de sus familias y encerrados en campos en condiciones infrahumanas en donde han tenido que dormir en el suelo, beber agua de inodoros y pasar por burlas y humillaciones de agentes de inmigración norteamericanos parece ser un cuento de nunca acabar, y hoy se conoció otra violación de derechos humanos por la que están pasando.

La juez de distrito estadounidense Dolly Gee de Los Angeles, dictaminó esta semana que un centro de detención de Texas para menores migrantes no acompañados y aquellos separados a la fuerza de sus familias por la administración Trump, debe dejar de administrar drogas psicotrópicas a los menores sin el consentimiento de los padres.

De acuerdo a los expedientes del tribunal, los niños detenidos en el Shiloh Treatment Center cerca de Houston fueron obligados a tomar medicamentos como clonazepam, divalproex, benztropina y duloxetina, utilizados para tratar  convulsiones, Parkinson y la depresión, entre otros, lo que los llevó a sentirse mareados, letárgicos, e incluso incapacitados.

Los miembros del personal admitieron haber administrado las sustancias, diciendo que lo hicieron “de forma urgente” cuando un niño exhibía “síntomas psiquiátricos extremos”. Pero la juez no aceptó esa explicación, señalando que el testimonio de los niños sugirió que el personal les suministraba las pastillas dos veces al día todos los días, no solo en caso de emergencia.

La juez Dolly Gee. Fotografía: AP

La juez Dolly Gee. Fotografía: AP

Como parte de los registros judiciales, los niños ofrecieron testimonio de lo que dicen que pasaron en la instalación, y de más está decir que los detalles son espantosos, de acuerdo con un reportaje de The Washington Post. “El personal daba medicamentos de manera forzada al menos cuatro veces. Dos miembros del personal inmovilizaron a una niña, y un doctor le dio una o dos inyecciones”, dijo un testigo sobre una niña identificada como Isabella M. Su madre corroboró la información.

“Nadie me pidió permiso para darle medicamentos a mi hija, a pesar de que el personal de Shiloh siempre ha tenido mi número de teléfono y mi dirección. Los ansiolíticos que le dieron la hacían temblar y sentirse nerviosa. Isabella me dice que se cayó varias veces porque los medicamentos eran demasiado poderosos y no podía caminar”.

Jess Morales Rocketto, vocero de Families Belong Together, una coalición de grupos que se oponen a la política de separación familiar de la administración Trump, dijo que era prácticamente insólito que este tipo de órdenes se le tuvieran que dar al gobierno estadounidense, en especial cuando se trata de niños.

“El tribunal federal ha confirmado lo que ya sabíamos: los niños sufren un trato abusivo y condiciones crueles e inhumanas en los centros de detención del gobierno. Sin sus familias, con miedo, solos y sujetos a abusos en condiciones de prisión. Insólito”.

La juez Gee ordenó al gobierno que traslade a todos los niños que no son considerados como un riesgo a sí mismos o a otras personas a desalojar las instalaciones de Shiloh, y exigió que la instalación cumpla con otras normas básicas de cuidado infantil, como garantizar que los niños tengan acceso a agua potable y llamadas telefónicas privadas, que como decía Morales arriba, son cosas verdaderamente sorprendentes a las cuales haya que obligar al gobierno de los Estados Unidos a proporcionarles a niños.

En su reportaje, The Washington Post también informa que la instalación, que ha albergado a menores no acompañados desde 2013, tiene un largo historial de presunto abuso infantil. Sin embargo, una declaración en el sitio web de la instalación de Shiloh afirma que las acusaciones son falsas. “Se descubrió que todas las acusaciones ampliamente distribuidas sobre Shiloh carecían de mérito. Se descubrió que los niños fueron cuidados y tratados adecuadamente. El Shiloh Treatment Center tiene un propósito de tratamiento específico dentro del sistema federal. No participa en acciones fronterizas”.

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