Tal como se venía proyectando durante todo el día de ayer desde el comienzo de la decisiva sesión legislativa realizada el en la capital argentina, el senado de ese país decidió echar atrás el proyecto aprobado el pasado 14 de junio por la cámara de diputados, en donde luego de una discusión de casi 24 horas se le dio luz verde a una ley que permitiría la legalización del aborto en las primeras 14 semanas del embarazo. Aunque en ese entonces 129 diputados estuvieron a favor, parece que el peso de los sectores religiosos y conservadores pudieron más: 38 senadores le dieron el no a la ley.

La polémica discusión estuvo marcada por dos multitudinarias manifestaciones que se realizaron en Buenos Aires a la par de lo que se vivía en el Congreso argentino: una, la verde, llenó 30 cuadras a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, llena de los pañuelos del color que se han convertido en un símbolo alrededor del mundo, y la otra, en contra, menos numerosa pero con similares pañoletas, pero de color azul celeste (similar a la bandera de Argentina), quienes celebraron con vítores el resultado.

Sin duda alguna, este resultado demuestra la poderosa influencia de la Iglesia Católica en el país sudamericano: el mismo Papa Francisco se encargó de hacer lobby en el Congreso para buscar votos en contra del aborto, en todo el país se vio durante las últimas semanas a pastores y sacerdotes hablar de manera apasionada sobre el tema; e incluso una misa “pro-vida” se dio en la Catedral de Buenos Aires, que invitó a sus asistentes “a recibir la vida como viene porque es un don de Dios”, demostrando que al contrario de Irlanda, Argentina aún tiene mucho camino que recorrer.

Esta mañana se han visto llamados a “una educación sexual responsable”, a “políticas públicas que cuiden las dos vidas”, a “mejoras en el sistema de adopción” y “llamados al diálogo”, aunque todos realmente sabemos que lo más importante de la decisión es hacer gala de la virtud religiosa y principios conservadores que parecen dominar en una decisión política que debió haber sido completamente laico.

En todo caso, los sectores “celestes” seguramente piensan que se anotaron una victoria “por la vida”, cuando lo cierto es que al negarle a las mujeres el derecho de la interrupción del embarazo, solo fomentan que este se siga realizando como hasta ahora: de manera clandestina, rodeado de vergüenza y representando una crisis de salud pública en la que miles de mujeres terminan muertas, las que terminan violadas tengan que vivir un segundo trauma en nombre de una moralidad conveniente, o esos bebés cuyas vidas tanto defienden terminan en el sistema de adopciones, sin garantías de que vayan a ser bienvenidos en otras familias.

Las cifras extraoficiales dicen que entre 350.000 y 450.000 mujeres abortan cada año en Argentina desde la clandestinidad, arriesgando sus vidas. Mientras las ricas lo hacen en silencio y el amparo de sus recursos económicos y el poder de sus familias, las pobres recurren a médicos no profesionales o métodos peligrosos como sondas, perchas, agujas de tejer y hasta tallos de perejil.

Pero ahora, que ya está tomada la decisión, ¿qué sucede? Al parecer hay dos opciones: la primera, es reintroducir el proyecto del ley en el próximo período parlamentario en el 2019, con los mismos diputados y senadores. La segunda proviene del mismo ejecutivo argentino, que informó la tarde de hoy que propondría la despenalización en una modificación del actual Código Penal, y que sugeriría en vez de una pena de cárcel otro tipo de sanciones aún no definidas, y que sin duda alguna calentaría de nuevo la discusión sobre el tema.

Puede que el Senado no haya tenido la voluntad política de aprobar la ley, pero sin duda, la lucha continuará en la calle: toda una generación joven cubierta de verde seguirá exigiendo sus derechos desde las calles. Este fue solo un primer obstáculo en una carrera que inevitablemente será ganada por las mujeres, aunque sus senadores demuestren pensar con un mes de retraso. Ya comenzó la cuenta regresiva.

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